Maider EIZMENDI

La participación ciudadana en la decisiones sobre infraestructuras de incidencia ambiental o con impacto social». Ése era el sugerente título de la jornada organizada en el marco de los XXVI Cursos de Verano de la UPV-EHU, sobre todo, teniendo en cuenta los numerosos proyectos que en estos momentos están en marcha por estos lares y que tanta polémica están suscitando. Como botón se muestra se pueden citar el Tren de Alta Velocidad, las plantas incineradoras, la Supersur... La lista se presenta interminable.

Una las intervenciones más esperadas era la que tenía por objeto presentar las conclusiones del IV Foro de Reflexión y Participación Ciudadana, organizado por el Ararteko. En el encuentro participaron nueve personas «con implicación en cuestiones de medio ambiente» a las que se invitó a reflexionar acerca de la participación que debe tener la ciudadanía en las infraestructuras que tienen un impacto ambiental y social.

La periodista Almudena Cacho participó en el foro recabando las distintas reflexiones y opiniones. Actuó en calidad de relatora, exponiendo las conclusiones más importantes, si bien matizó que la transcripción completa de lo acontecido se publicará íntegramente a posteriori.

Cada uno de los participantes tuvo que definir la participación social y sus funciones. A la pregunta de qué debe ser objeto de la participación ciudadana, la respuesta más frecuente fue: «Todas aquellas cuestiones que afectan de manera directa a los ciudadanos y ciudadanas». «La gente tiene que decidir y participar donde quiera», fue la ofrecida por el profesor Iñaki Bárcena. «Los ciudadanos deben poder participar y obtener información cuando lo pidan, no sólo para ser escuchados, sino también para decidir», detalló. «¿Es la participación ciudadana una cuestión de moda como lo es el desarrollo sostenible?», planteó el profesor, al mismo tiempo que se preguntaba por qué no están presentes los empresarios en este tipo de foros.

Eva Salaberria, técnica de participación que trabaja desde el ámbito municipal en Donostia, afirmó que la participación ciudadana «es un derecho, pero también algo más, y en ese algo más entraría la voluntad política de quien la promueve, porque el derecho se convertiría en papel mojado sin esa voluntad». Planteó que es importante planificar qué es la participación, y desde esa perspectiva la definió como «el aporte de diferentes puntos de vista para abordar una realidad compleja».

En cuanto a la influencia de la educación, tema que afloró en repetidas ocasiones durante el foro, los asistentes al debate comentaron que «la participación debe ser un proceso educativo de todos».

Otro de los aspectos más destacados fue el papel de la administración, que «no salió bien parada», tal y como subrayó Cacho en su intervención. A las instituciones se achacó, sobre todo, la ocultación de información, «cuando no mentiras en los asuntos consultados, recelos contra los movimientos sociales que presionan...».

Para Florent Marcellesi, del partido Les Verts, la participación ciudadana no tiene límites aunque sí tiene diferentes niveles. «El nivel informativo, el de la consulta...», pero defiende que la participación ciudadana debe «ser activa, debe tener principio y fin», y no tiene ninguna duda de que «se debe participar desde que comienza hasta que termina». «Los políticos se quedan sólo en la actuación consultiva o informativa, no en el final, en el momento en el que se permite cambiar las cosas».

Para el consultor Manu González «todo es objeto» de participación ciudadana. «Ya tenemos experiencia; por ejemplo, el debate nuclear vasco». También reflexionó sobre los diferentes niveles de participación, tales como las decisiones sobre infraestructuras a las que «muchas veces se llega tarde» y de cuyo ejemplo puso el TAV. «La participación en proyectos de futuro es clave», subrayó, al tiempo que lanzaba la siguiente reflexión: «Vivimos en una sociedad esquizofrénica, porque nuestro insostenible modelo social sigue siendo fomentado pese a que nos conduce claramente a la infelicidad».

El ecologista Carlos Alonso coincidió también en que «todo es objeto de participación ciudadana». «Un modelo de participación ciudadana es tal si influye, ratificando o rectificando, en una decisión en elaboración o ya tomada», matizó. En el ámbito de la participación, barajó varias opciones: «En el caso de la central de Boroa, por ejemplo, ¿el ámbito es Zornotza, debe ser Bizkaia entera o toda la Comunidad? En el caso del TAV, ¿el ámbito deben ser los municipios por los que transcurre el tren?». A renglón seguido subrayó lo importante que es el momento en el que se debe dar pie a la participación: «Debe llegar en la pre-gestación del proyecto, porque cuanto más se tarde, menos capacidad hay para decidir».

Julia San José es integrante de la plataforma Médicos por Txingudi. «La participación ciudadana es un derecho y un espacio que no debe quedar vacío», comentó. Y defendió la acción individual, aspecto sobre el que hubo disparidad de opiniones y Marcellesi apuntó que «pasar de lo individual a lo global es precisamente el reto». San José también manifestó que «la participación ciudadana no es lo que soluciona un sólo problema, sino que hace pensar en el todo».

La ecologista Pilar Barquín comentó que parece que la participación sólo existe cuando hay una movilización ciudadana. «Sin embargo, hay una necesidad previa a esas movilizaciones», apostilló.

La profesora Elena Franco se manifestó en términos parecidos, y dijo que «la participación debería ser integral, pero hacerlo así es muy difícil y eso no debe invalidar una participación posterior a la planificación y no la debe deslegitimar». «Los asuntos a abordar son los que alarman a la ciudadanía y los que tienen efectos sin marcha atrás», concretó.

El sociólogo Hans Harms, experto en participación ciudadana, cree que cada vez «ésta es más necesaria porque se vive una crisis de la democracia participativa». En su opinión, se cuestionan más los asuntos que importan a la ciudadanía y «los políticos, que lo saben, los obvian en sus programas porque temen que les resten votos».

Hans afirmó que en la última época ha habido un cambio: «Nos hemos dado cuenta y estamos en pánico, algo pasa y además lo sabemos». El sociólogo es partidario de que el cambio se dé actuando «cada uno desde nuestro estilo de vida». Definió varios criterios para que un proceso de participación se considere válido: «La información técnica, la información respecto a los afectados y los usuarios, la motivación para la participación, integración de todos lo grupos y clases sociales, inmunidad de los grupos de presión que defienden determinados intereses... y que el proceso sea vinculante para la administración».

Maria Luisa Agirretxe, de la Oficina del Ararteko, hizo referencia a la legislación vigente sobre la participación ciudadana. «Ahora mismo hay una legislación específica acordada internacionalmente en este sentido, que privilegia de alguna manera a los movimientos ecologistas y la participación en la toma de decisiones», aseguró.

No obstante, visto lo visto, y oído lo oído, este derecho sigue sin ejercitarse. En Euskal Herria contamos con muchos ejemplos.