Hace más de dos años representantes del rector Pérez Iglesias se reunieron con miembros del grupo de despedidos de la UPV para sentar las bases de un acuerdo que permitiese nuestra reincorporación a la universidad, poniendo fin a un conflicto que se prolonga más de quince años. En la reunión quedó claro que, de llegarse a una solución, abarcaría a todos los despedidos y que el proceso tendría dos fases: una primera de contactos para desbrozar los temas a tratar y una segunda donde se abordaría la negociación propiamente dicha. Todo ello de cara a lograr un acuerdo resolutivo que zanjase definitivamente el contencioso.

En aquel momento la Ley vasca de Universidades (Ley Iztueta), aprobada en 2004 por el Parlamento de Gasteiz estaba recurrida ante el Constitucional en artículos claves que nos concernían. Por esa razón, los mensajeros del rector nos dieron a elegir entre iniciar ya la fase de diálogo preparatorio, o esperar a que se solucionase el recurso. Nosotros optamos por esta segunda vía. Ya que la impugnación de la ley Iztueta por parte del PSOE abarcaba aspectos cruciales que afectaban a las figuras del Profesorado Propio, la transformación de los contratos administrativos de los profesores en contratos laborales permanentes y las condiciones de nuestro acceso a la universidad. Además, permanecía en una nebulosa el asunto de los derechos políticos del profesorado laboral, por las contradicciones que se planteaban entre lo contemplado entre la Ley Iztueta y la legislación estatal, la cual se hallaba en trance de modificación por parte del Gobierno español. Cuestiones claves y por las que hemos luchado tantos años. Sin la puesta en funcionamiento de estas normas básicas, no nos pareció conveniente ni fructífero mantener unas conversaciones sobre otros aspectos (retribuciones, antigüedad, seguridad social, deuda pendiente...) pendientes de un proceso legal sin des- pejar. Más aún cuando los rumores que nos llegaban de este embrollo jurídico no eran tranquilizadores. En esas circunstancias decidimos remitir una nota a un representante del rector, señalándole las razones que nos inducían a preferir la espera. Básicamente, las arriba señaladas.

A principios del 2007, se aclaró el tema de la ley Iztueta al retirarse el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PSOE. Por su parte, la reforma de la LOU se había consumado con mejoras en los apartados relativos a la representatividad de los contratados laborales. Pensamos entonces que el rector retomaría el contacto con los despedidos a fin de materializar lo comprometido en la antigua reunión. No ha sido así. En abril de este año, el Consejo de Gobierno de la UPV decidió abrir un plazo para la presentación de solicitudes de admisión en la UPV, siguiendo lo contemplado en la ley Iztueta: ingreso de los profesores que habiendo desempeñado funciones docentes como mínimo durante cinco años, no tuviesen actualmente la condición de profesores en activo. Dentro de este conjunto, están incluidos los profesores despedidos, pero no todos. La resolución del Consejo de Gobierno tenía en cuenta la opinión de los departamentos a la hora de que los interesados accediesen a las plazas que pudieran crearse. Se aprobaba así un procedimiento de admisión individual, con la posibilidad de que se produjesen la discriminación o la imposición de condiciones por parte de algunos departamentos, la exclusión de los que no cumpliesen el periodo requerido de cinco años, y sin mesa negociadora en la que sentarse el grupo de despedidos y el rectorado como paso previo.

Queremos recordar que los despedidos constituimos una identidad de características singulares: quince años sosteniendo una pancarta. Y nuestro ingreso debe venir precedido de una negociación que verse, entre otras materias, de las consecuencias derivadas de nuestra exclusión.

Nosotros redactamos un documento señalando nuestros planteamientos y lo remitimos a sindicatos, departamentos y a un emisario del rector en aquel contacto. Así mismo, publicamos en GARA (16-mayo-07) un artículo de contenido similar. Hasta ahora no hemos recibido respuesta alguna. En el caso del rector, su silencio lo tenemos que interpretar como negativa a tomar en consideración nuestra posición, y a abordar un proceso de negociación que nos lleve a una solución digna, justa y equitativa.

Por consiguiente, en lo que a nosotros respecta, la situación sigue estando donde estaba.

Después de quince años de lucha, nuestras reivindicaciones globales en torno al Profesorado Propio y al incremento de las competencias sobre el tema, tanto de la UPV como de la CAV, han sido, en lo sustancial, satisfechas. Esperamos que ello redunde en beneficio de la comunidad vasca. En consecuencia, creemos que un desenlace satisfactorio al conflicto que nos atañe será beneficioso no sólo para los afectados, sino principalmente para la propia Universidad.