Se ha conocido que el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa ha hecho públicos los informes referentes a las visitas llevadas a cabo al Estado español en 2003 (Gobierno del PP) y 2005 (Gobierno del PSOE) en los que se sigue constatando la existencia de indicios preocupantes desde el punto de vista de la protección de los derechos de los detenidos a los que se les aplica el régimen de incomunicación.

Coincidiendo con esta noticia, se ha sabido también que, por primera vez, detenidos bajo acusaciones relacionadas con «delitos de terrorismo» en Euskal Herria han sido visitados por un médico de su confianza además de por el forense oficial. La autorización del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha podido ser confirmada en el caso de jóvenes detenidos el pasado martes en Gasteiz. Cabe esperar que el reconocimiento periódico de su estado por parte de un médico de confianza se complemente también con el resto de medidas solicitadas, como la grabación de las imágenes de los interrogatorios y de todos aquellos momentos de su estancia en comisaría que permitan ratificar la inexistencia de malos tratos a los detenidos.

La decisión de Baltasar Garzón y su efectiva cumplimentación por parte de las fuerzas policiales son, sin lugar a dudas, una buena noticia. Desgraciadamente, de momento, constituyen sólo una excepción que debería convertirse en regla de todos los jueces de la Audiencia Nacional, en todo momento y para todos los detenidos. La adopción de este tipo de medidas -a la que debiera sumarse la supresión misma del régimen de incomunicación y la posibilidad de contar con un abogado de confianza en los interrogatorios- es beneficiosa para todas las partes implicadas. Por un lado, aumentan las garantías para los detenidos. Por otro -dado que las autoridades policiales y políticas insisten en que no se tortura y que las denuncias son fruto de una consigna- los agentes policiales quedan así a salvo de posibles falsos testimonios.