Familiares y allegados de los cuatro jóvenes detenidos el martes en Gasteiz y Agurain por orden de la Audiencia Nacional comparecieron ayer, acompañados por representantes del movimiento pro amnistía, para detallar el modo en que se produjeron los arrestos, todos ellos de forma violenta, y denunciar la actuación de la Policía española, que golpeó, encañonó e incluso esposó a quienes acompañaban a los detenidos.

Fue el caso, por ejemplo, de la compañera de Urko Arroyo, a quien además de golpear y mantener tumbada en el suelo durante todo el rato, le ataron las manos con una soga que mostraron ayer a los medios.

Los cuatro detenidos, según explicaron, se encuentran incomunicados en dependencias de la Policía española en Gasteiz, y tres de ellos tuvieron que ser conducidos al hospital de Santiago al poco de su detención.

Se trata de Koldo Moreno, al que realizaron placas por una afección en el neumotorax que padecía desde antes de la operación policial; Urko Arroyo, que tuvo que ser tratado por una dolencia en un codo; y Gorka Belasko, que se halla afectado por una grastrointeritis. El cuarto detenido es Xabier Fernández de Gamarra.

Los cuatro han podido ser observados por un médico de confianza, después de que el juez instructor Baltasar Garzón, que ordenó la operación policial, accediera a aplicar las medidas solicitadas por la defensa. Según explicó a GARA el facultativo que atendió a los cuatro jóvenes alaveses, estos se encontraban «bastante tranquilos», un estado de ánimo lógicamente acentuado al ver a alguien conocido, y no mostraban síntomas de haber sufrido maltrato.

Los policías, además, si bien en un principio pretendieron estar presentes durante el reconocimiento médico, no pusieron impedimento a que sólo estuvieran presentes el médico de confianza y el forense.

Fuentes de la Audiencia Nacional informaron de que está previsto que Garzón tome hoy declaración a los detenidos.

«Los valores de la democracia»

La representante del movimiento pro amnistia de Araba Estitxu Velasco relató la forma en que se habían desarrollado las detenciones, denunciando, a este respecto, que «llaman democracia a que unas personas totalmente tapadas, con uniformes negros, gafas, chalecos antibalas y armadas hasta los dientes entren a una casa sin identificarse, sin dar ningún tipo de explicación y por equivocación». «Democracia llaman a que cuando la familia solicita la orden de registro de su casa, te golpeen y te tiren al suelo y te encañonen», insistió Velasco.

Siguió detallando cómo los policías dejaron «patas arriba» los domicilios en los que entraron, censuró que no dejaran a los detenidos despedirse siquiera de sus familiares, y denunció que, incluso, una persona que se dirigía a casa fue detenido e introducido en un coche para, después, dejarlo en libertad sin darle ningún tipo de explicación al respecto.

Por ello, apuntó que «estos son los valores de la democracia que tanto nos hablan. Ésta es la democracia de la que tanto alardea el Gobierno español; democracia que apuesta por la vía represiva y la estrategia de guerra contra este pueblo, con el único objetivo de que se rinda».

Velasco se refirió a las declaraciones efectuadas la semana pasada por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que dijo «que la vía policial y la política penitenciaria eran sus armas principales en la estrategia represiva contra Euskal Herria». Como ejemplo de ello, citó las últimas detenciones, tanto las de Gasteiz y Agurain, como la del martes en Santander y las efectuadas en Iruñea por la Policía española y la Policía Foral, así como la extradición a la Audiencia Nacional de dos presas políticas vascas.

Para el movimiento pro amnistía, desde el Gobierno español «han optado por una estrategia de guerra, en la que todo tipo de vulneración es admisible en cuanto a una parte de la sociedad se refiere».

«Ésta es, en definitiva, la democracia a la española que durante estos 30 últimos años han puesto en práctica, teniendo como pilares la imposición, la división y la impunidad», agregó Velasco, para apuntar a continuación que el objeto de tales prácticas por parte del Estado español ha sido «imponer un proyecto concreto, dando la espalda a los derechos y a la voluntad del pueblo y aplastando las bases de la democracia».