Bravo ingresa en prisión porque los nuevos indicios son «más graves»
La titular del Juzgado de instrucción número 2 de Irún, Almudena Ovejero, ordenó ayer la prisión incondicional sin fianza para el ex director de la oficina de Hacienda de Irun, José María Bravo, al considerar que los indicios actuales son «incluso más graves y contundentes» que en el auto anterior -habría diez nuevos expedientes- y existir riesgo de fuga. Bravo fue ingresado en la cárcel de Martutene.
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El auto, tras la revisión de diez nuevos expedientes añadidos al sumario, apunta que se ven «indicios de criminalidad» y, además, se considera «proporcionada» la medida tomada debido a la «alarma social, la gravedad de los hechos» y la posibilidad de ocultación de parte de los documentos.
Además de Bravo, hermano del ex senador del PNV Víctor Bravo, también se encuentran imputados en la causa su esposa, Rosa Cobos Crespo; la amiga de ambos y funcionaria de Hacienda, además de socia de las empresas del primero, Pilar Gracenea; y Pedro María Atristain Gabilondo, también socio de José María Bravo.
Al enviar a Bravo a prisión, la jueza atendió la petición del Ministerio Fiscal de prisión incondicional sin fianza, alegando riesgo de fuga, a la que no se opusieron las acusaciones particulares, Diputación y Juntas Generales de Gipuzkoa, mientras que la acusación popular, ejercida por el sindicato abertzale LAB, no se pronunció al respecto. La defensa del imputado, ejercida por Jesús Urraza, solicitó la libertad del ex director de la oficina de Hacienda de Irun.
El auto vincula los posibles indicios de criminalidad a los justificantes de embargo en metálico suscritos por Bravo, a los ingresos en sus cuentas de cheques y cantidades que coinciden aparentemente con las entregadas por los contribuyentes y a los informes de la Hacienda foral en los que no aparecen las sumas de dinero que el ex delegado de la oficina de Irun recibía directamente en su despacho. Estos, indica, «pueden ser elementos suficientes para integrar sendos delitos continuados de malversación de caudales públicos y de falsedad de documento oficial». Bravo tenía «acceso directo a información tributaria» para reclamar pagos de deudas, dinero que nunca ingresaba en la Hacienda.
Nuevas presuntas estafas
Asimismo, de las investigaciones realizadas, se han conocido diez nuevos presuntos casos de estafa, que sitúan en cerca de 1.704.000 euros la cantidad de la que supuestamente se apropió el acusado, que se suma a los más de tres millones de euros que presuntamente dejó de ingresar la Diputación. En estos casos, presuntamente, sería idéntica la mecánica de la actuación de Bravo.
El escrito destaca especialmente el caso de Celestino Oyarzabal, que pagó unos 220.000 euros en 2004 en el despacho de Bravo en la Asesoría Urdanibia pese a que en esa época el imputado se encontraba en excedencia. Bravo le entregó incluso un justificante de pago en un escrito con el encabezamiento y el logo de su asesoría. «Tales ingresos no constan, sin embargo en la relación definitiva remitida por el subdirector de recaudación», señala.
Por ello, la magistrada considera que los indicios actuales son «incluso más graves y contundentes» que los que se valoraron en el auto anterior y, con ello, «se agrava notablemente la importancia del delito». De hecho, apunta que las circunstancias en que se produce el presunto fraude a Celestino Oyarzabal «podrían ser constitutivas de un delito de estafa de los considerados de especial gravedad por razón de la cuantía defraudada» y que podría llevar aparejadas penas de hasta seis años y multa.
El auto concluye que hay indicios de criminalidad suficientes y considera la medida de prisión «proporcionada» debido a la «gravedad de los hechos investigados».
Bravo, que se encontraba en libertad provisional tras pagar una finanza de 400.000 euros, se negó a declarar alegando que no ha tenido «tiempo material» para estudiar las actuaciones.
Entre nuevos presuntos casos de estafa destaca el de C.O., que pagó 220.000 euros en el despacho de Bravo en la Asesoría Urdanibia. En esa época el imputado estaba en excedencia, pero incluso le dió un «justificante» de pago.
Los partidos políticos presentes en las Juntas Generales de Gipuzkoa presentaron ayer conjuntamente una propuesta para crear una «comisión de investigación» por el supuesto fraude de la Hacienda de Irún.
El secretario general de LAB, Rafa Díez Usabiaga, se mostró ayer convencido de que en el fraude de la Hacienda de Irun, sólo se conoce «la punta del iceberg». «Creemos que estamos ante un fraude de enormes dimensiones, un robo social realizado desde una Administración pública, un fraude muy bien diseñado, con muchas responsabilidades administrativas y políticas, y creemos que los hombres y mujeres de Gipuzkoa, sorprendidos por hechos de esta naturaleza, tienen derecho a que este tema llegue al fondo», aseguró en una entrevista a ETB, recogida por Europa Press.
Indicó que LAB no permitirá que «se pase página sólo con una cabeza de turco» y agregó que deben asumir «responsabilidades personales y políticas todos los que han permitido que se pueda realizar esta tremenda actuación desde una Administración pública». «Tenemos elementos suficientes para pensar que estamos ante un fraude enorme y había muchas responsabilidades políticas que, en un momento determinado, levantaban la alfombra, pero que, viendo lo que existía volvían a taparla e intentaban taponar la evolución posible de las investigaciones», señaló.
