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El CPT vuelve a denunciar la incomunicación de los detenidos y critica el papel de los jueces

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El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa ha públicos los informes referentes a las visitas efectuadas a Euskal Herria en 2003 (en los días comprendidos entre el 22 de junio y el 1 de julio) y en 2005 (entre el 12 y el 19 de diciembre).

Debido a sus propios procedimientos, el alto comité debe mantener la confidencialidad del informe hasta que el estado concernido dé permiso para su publicación. Este hecho provoca que se hayan tardado cuatro años en conocerse los documentos referidos a 2003 y que no se sepa nada de la visita de los pasados 14 y 15 de enero, referida únicamente a la situación de Iñaki de De Juana.

En cuanto al texto concerniente a 2003, el CPT denuncia la reforma introducida por la Ley Orgánica 15/03 por la que se amplía el régimen de incomunicación «hasta 10 días para el caso de personas con conexión con ciertas ofensas -relación con el terrorismo o crimen organizado- con un periodo de otros tres días de extensión». Asimismo, muestra su rechazo a que estas personas «detenidas bajo el régimen de incomunicación se les deniega el derecho a poner el hecho y el lugar de la detención en conocimiento de sus familiares o de otra persona de su elección». Junto a ello, el CPT subraya que los arrestados no puedan ser reconocidos por un médico de confianza.

Además, remarca la voluntad mostrada por el entonces Ministro de Interior español, Angel Acebes (PP), «para adoptar cualquier medida que sea necesaria para asegurar los derechos de las personas detenidas». El CPT le reclamó «información detallada» sobre tales medidas, pero nada le fue enviado.

Respecto al informe de 2005, el CPT reitera sus comentarios sobre el régimen de incomunicación y denuncia la actitud mostrada por los jueces, a quienes les indica que su supervisión «no puede ser efectiva en la prevención de los malos tratos» si no visitan o «ven directamente» a la persona que permanece arrestada.

Por todo ello, el Comité para la Prevención de la Tortura recomienda que se den los pasos necesarios «para asegurar que las personas a las que se les extiende en estos plazos el plazo de periodo de detención sean llevadas ante el juez responsable».

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