Hoy vamos a asistir a la próxima parte de la persecución política y judicial contra la resistencia al macroproyecto del pantano de Itoiz. Hace cuatro años el Gobierno de Navarra se dedicó con saña a expoliar y borrar del mapa los siete pueblos inundables por el pantano, incluso sus cementerios y edificios históricos del siglo XVI. Mediante encadenamientos a anclajes a las paredes o subiéndose a los tejados de las casas se consiguió resistir tres días a todo un ejército de policías forales y guardias civiles. Después sólo quedaron escombros.

Si decidieron tirar las casas no fue por esa resistencia, sino por venganza tras 20 años de oposición al pantano de Itoiz. Y ahora por venganza se juzga a 19 solidarios con una petición del fiscal de 9 meses de cárcel.

El Gobierno de Navarra, no contento con presionar a jueces, pone un abogado a sueldo para pedirnos 36.000 euros en concepto de las horas extras, cervezas y champán con el que celebraron los policías forales su fatal victoria.

Además, el presente que nos han dejado se resume con los 1.000 terremotos ocurridos desde que comenzó el llenado en enero de 2004, deslizamientos en la ladera izquierda y sobre todo mentiras, muchas mentiras y lavados de cara por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). ¿Alguien sabe cuánto dinero lleva gastado la CHE en hormigón inyectado por todas las laderas para impedir las fuertes filtraciones de agua y en informes para tranquilizar a la población? A día de hoy, y siendo una petición constante de los vecinos, no se ha puesto en marcha el plan de emergencia.

Todo este proceso refleja la miseria humana de nuestros dirigentes y el abuso que hacen de la ley para seguir castigando a la disidencia y cumplir su venganza.