Intermon Oxfam exigió ayer a la compañía petrolera Repsol-YPF que «deje de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas americanos, establecidos en la legislación internacional, y que elabore una política transparente que regule la relación con estas comunidades».

La petrolera hispano-argentina negó estas acusaciones y recalcó que sus actividades «se rigen por el cumplimiento de la legislación, las buenas prácticas internacionales y el respeto a los pueblos indígenas implicados en sus operaciones».

La responsable del área del sector privado en Intermón Oxfam, Isabel Tamarit, aseguró que la compañía lleva dos años negándose a considerar sus recomendaciones y que ha sido ahora, al conocer la campaña pública, cuando ha expresado su intención de elaborar una política de respeto hacia los pueblos indígenas.

Repsol-YPF respondió a estas acusaciones mediante una nota en la que señaló que en los 30 países en los que tiene presencia, «mantiene políticas activas por las comunidades con más de 700 programas de acción social en marcha, que incluyen desde microcréditos hasta programas anti SIDA, de agricultura y educación, con un presupuesto superior a los 30 millones de euros».

Añadió además, que la compañía, «cumple estrictamente» la normativa interna de biodiversidad que, entre otras cosas, supone prevenir y minimizar los impactos negativos en el entorno durante «todas las operaciones, en especial en áreas sensibles, biológicamente diversas o protegidas y fijar procesos de comunicación y colaboración con las comunidades y con otros grupos de interés».

«Sin consultar»

Tamarit añadió que la compañía petrolera carece de un programa de valoración de los daños causados y de atribución de indemnizaciones en el que participen las comunidades. Además explicó, que es una paradoja que una empresa como Repsol- YPF, «tan preocupada por la responsabilidad social corporativa, explote los pozos petroleros iberoamericanos sin tener en cuenta la voluntad de los indígenas».

Intermón Oxfam pidió a Repsol-YPF que cumpla la legislación española en sus yacimientos petroleros, ya que es mucho más restrictiva que las leyes iberoamericanas. También pidió a las autoridades peruanas que refuercen la protección de los pueblos indígenas y hagan obligatoria la Guía de Relaciones Comunitarias, un documento de carácter orientativo acerca de cómo relacionarse con estas comunidades.

Y es que es precisamente en Perú donde se ha llevado a cabo una investigación en la que, al parecer, en tres de las siete explotaciones que existen en el país, la compañía no cuenta con el derecho de los indígenas a ser consultados y a dar su consentimiento sobre las acciones en su territorio. Repsol-YPF contestó que en Perú «cuentan con el asesoramiento de expertos en la materia, entre ellos el Instituto Smithsonian, con el que se está desarrollando un Plan de Acción de Biodiversidad».