Human Rights Watch (HRW) ha urgido al gobernador del Estado mexicano de Oaxaca para que realice una investigación «exhaustiva e imparcial de las graves denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias cometidas por policías contra integrantes y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el 16 de julio». En un comunicado, subraya que si el gobernador Ulises Ruiz «está comprometido con el mantenimiento de la ley y el orden público en su Estado, debe asegurar que las denuncias de brutalidad policial sean investigadas y los responsables sancionados».

En los enfrentamientos que se produjeron cerca del auditorio público donde se iba a celebrar la Guelaguetza oficial, la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Según los testimonios que HRW ha recabado, «la policía golpeó brutalmente a algunos de los detenidos que requirieron hospitalización». A modo de ejemplo, resalta el caso de Emeterio Marino Cruz, de 43 años, que fue bajado de un autobús y arrestado aparentemente por tener tierra en las manos. «Después de varias horas bajo custodia policial, fue trasladado a un hospital con lesiones que ameritaron cirugía. Tras una semana, aún permanece ingresado en terapia intensiva», señala.

Cabe recordar que la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, Rosario Villalobos, ya reconoció públicamente que los policías estatales incurrieron en «uso excesivo de la fuerza» y que el Gobierno deberá asumir su responsabilidad en estos excesos.

HRW insta a Ruiz a garantizar que cualquier agente bajo investigación sea «suspendido inmediatamente» y que «no se tolere el trato abusivo bajo ninguna circunstancia».