Con el Palacio Foral de Bizkaia cerrado a cal y canto, y la protesta de representantes de ANV en Ondarroa y Mendexa a sus puertas se constituyeron las comisiones gestoras que regirán la vida municipal de Ondarroa y Mendexa. Como es sabido, en ambos municipios fueron las listas de la izquierda abertzale ilegalizadas por el Tribunal Supremo español las que reunieron la mayoría de los votos de los ciudadanos. La primera respuesta de los partidos abertzales y de EB ante esa situación antidemocrática fue no recoger las actas de concejal. Sin embargo, la decisión adoptada por los candidatos locales de esas formaciones dió paso en pocas semanas a las maniobras de los órganos ejecutivos.

Las direcciones de los partidos han pasado por encima de la decisión adoptada por sus candidatos electos para optar por la conformación de comisiones gestoras integradas por personas que han ostentado u ostentan cargos relevantes en el partido pero que no ejercen la política en ambas localidades. La decisión de crear las gestoras pone en envidencia una primera vulneración, en este caso de la voluntad de los candidatos -en el caso de Ondarroa, de PNV y EB-. Sólo EA ha mantenido hasta el final la decisión de no asumir los dos puestos que le correspondían -descontados los «sufragios ilegales»-. Habrá quien quiera significar esa actitud como un «acto de temor». Todo con tal de evitar ahondar en la afrenta a la democracia que implica no respetar la voluntad popular, por mucho que los miembros jeltzales de la gestora eligieran la fórmula de «dar la palabra al pueblo» al asumir sus cargos. Quien dos décadas atrás fuera alcalde -entonces con votos-, el jeltzale, Félix Aranbarri, afirmó ayer sentirse «legalmente legitimado» para regir de nuevo en el Consistorio ondarrutarra. La ley española le legitima, pero ni un solo ondarrés ha depositado una papeleta que lleve su nombre impreso. A esa horfandad de votos se añade otra significativa ausencia: sus ocho compañeros jeltzales en la gestora no viven en Ondarroa.