La juez que instruye el presunto fraude en la oficina de Hacienda de Irun confirmó la personación en la causa de las Juntas Generales de Gipuzkoa como acusación particular, rechazando así el recurso del fiscal. El juzgado también ha ratificado la personación de LAB como acusación popular, aunque ha elevado a 3.500 euros la fianza a depositar por el sindicato, 1.500 euros más que la cantidad inicial.

La juez ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el principal imputado, José María Bravo, y su esposa, Rosa María Cobos, contra la personación de LAB como acusación popular. La juez consideró «suficientemente justificado» el interés que LAB dijo defender al personarse en la causa, por lo que en ese punto rechazó el recurso.