Pedro María Atristain, uno de los imputados en el fraude de la Hacienda de Irun, negó ayer su implicación en esta trama durante su comparecencia ante la jueza que investiga el caso, quien también interrogó a Rosa María Cobos, esposa de José María Bravo, principal acusado en este caso. Ambos negaron haber conocido la existencia de irregularidades en la Hacienda de Irun.

Atristain, propietario de la empresa Urdanibia, acudió a las 10.30 a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Irun, Almudena Ovejero, acompañado de su abogado.

Durante su comparecencia, que se prolongó más de dos horas, Atristain respondió a las preguntas efectuadas por los abogados de las distintas partes y a las formuladas por la jueza instructora.

El único abogado que no formuló ninguna cuestión a Atristain fue el que representa al ex director de la oficina de la Hacienda de Irun José María Bravo, el único de los cuatro imputados que se encuentra actualmente en prisión.

Al finalizar el interrogatorio, Atristain rechazó, en declaraciones a los periodistas, su relación con estos hechos y se limitó a afirmar que negó «hasta veinte veces» su implicación en los mismos. Atristain salió solo y de manera apresurada del Juzgado hacia las 14.00.

La esposa no responde a LAB

La esposa de Bravo, Rosa María Cobos, imputada también en estos hechos, llegó sola a los juzgados sobre las 11.50, aunque su declaración no comenzó hasta las 13.45. Cobos respondió durante hora y cuarto a las preguntas que le efectuaron los distintos abogados, salvo las efectuadas por el representante de LAB, ya que la personación en el caso de este sindicato como acción popular fue cuestionada tanto por Rosa Cobos como por José María Bravo, quienes entendían que el interés en la causa del sindicato respondía únicamente a «fines electorales y políticos». Cobos abandonó a las 16.00 los juzgados de Irun, junto con su abogada, y se negó a hacer declaraciones. La cuarta imputada, Pilar Gracenea, ex trabajadora de Hacienda en la localidad fronteriza, comparecerá hoy ante la jueza instructora del caso, y no se esperan nuevas declaraciones durante el mes de agosto.

Los imputados están acusados de haberse apropiado de 1,5 millones de euros negociando con contribuyentes que adeudaban impuestos a la Hacienda foral una rebaja tributaria, pero desviando el dinero hacia otras cuentas. La acusación pública incluye en sus imputaciones los delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La Fiscalía considera probado que los cuatro trabajadores de la Hacienda desviaron dinero de los contribuyentes a sus cuentas desde el año 1995 y, como mínimo, hasta abril de 2004, «con ánimo de ilícito enriquecimiento y valiéndose del acceso directo a información tributaria»

La Diputación guipuzcoana calcula que con este fraude dejó de ingresar al menos cinco millones de euros.