El Gobierno de Sudán saludó ayer la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad para mandar a Darfur 26.000 soldados en una misión híbrida entre la ONU y la UA. La región del oeste sudanés vive desde hace cuatro años un clima de violencia extrema que ha causado al menos 200.000 muertos y dos millones de desplazados. El origen, no de la situación endémica de subdesarrollo y miseria que padece Darfur, sino del alzamiento armado contra el Gobierno de Jartum coincide en el tiempo con las prospecciones del consorcio petrolero estatal sudanés en la región. Si bien es cierto que desde 2003 se producen actuaciones de la guerrilla local, no es menos cierto que son potencias extranjeras, con EEUU a la cabeza, las que saturan de armamento una región que por sus reservas petroleras adquiere un valor estratégico clave. A partir de ahí, es indudable que la actitud de Jartum de tratar de sofocar la rebelión alentando el factor tribal ha alimentado la cruenta crisis que se vive en la región. Aunque desde 2004 la misión de observadores de la ONU alertó de las graves violaciones de derechos humanos en Darfur, en el Consejo de Seguridad se ha librado una guerra diplomática, entre EEUU y China, que no ha permitido que se adopte hasta ahora una resolución efectiva. Anteriores intentos de desplegar una fuerza de la ONU han sido rechazados por el presidente Omar al Bashir, temeroso de una invasión militar «a la iraquí» para derrocar a su Gobierno.

La misión ONU-UA deberá asumir que lo acordado es llevar ayuda a Darfur, pero sin cuestionar la soberanía sudanesa. Hasta ahí el compromiso internacional con una crisis ligada a la llamada geopolítica del petróleo, en la que China -un 30% de cuyas importaciones petroleras proceden de Africa- introduce un factor nuevo -«puentea» al FMI y al BM al dar créditos sin condiciones e invertir en infraestructuras civiles- que causa más desvelo a las petroleras americanas que el sufrimiento en Darfur y en tantas otras zonas de Africa.