El gobernador del Estado mexicano de Oaxaca, Ulises Ruiz, ha descalificado el informe presentado por Amnistía Internacional (AI), en el que se señala que hubo graves violaciones de los derechos humanos en los movimientos sociales de protesta de 2006 y parte de este año.

Tras la reunión mantenida con la secretaria general de AI, Irene Khan, el gobernador indicó, en declaraciones a los medios, que no comparte el informe «porque quienes lo hicieron son, incluso, consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO)», la organización que se opone al gobernador y exige su renuncia.

Ulises Ruiz añadió que le trasmitió a Khan su opinión al respecto y le pidió que «nos dé la oportunidad de que se escuchen otras expresiones, que se den otros puntos de vista desde las áreas de Gobierno y que amplíen su informe, para que se tenga una mejor visión sobre este conflicto». El gobernador agregó que «si no escuchan a las partes involucradas, si no escuchan a una serie de ciudadanos, el informe queda totalmente falso. Es la primera vez que Amnistía Internacional nos invita a platicar con ellos, yo creo que se debe hacer un trabajo mucho más serio y profundo, mucho más responsable», subrayó.

«Faltan respuestas»

Amnistía Internacional no quedó satisfecha y tras reunirse con Ruiz, la secretaria general dijo en una comparecencia que «el hecho de que el gobernador diga que el informe es parcial, no es suficiente, la respuesta vendrá cuando se presenten respuestas». Mencionó que sólo «cuando se aclaren las circunstancias en las que se han presentado todos los casos, sólo cuando se tenga esa información sabremos quién tiene la razón».

El informe «México Oaxaca: Clamor por la Justicia» señala que «por lo menos 18 personas fallecieron en circunstancias controvertidas y decenas fueron víctimas de detenciones arbitrarias y recluidas en régimen de incomunicación, entre ellas, varios menores, durante las protestas realizadas entre junio del 2006 y abril del 2007».

El documento de veintidós páginas menciona que «se recibieron numerosos reportes de tortura, malos tratos y juicios injustos, y se amenazó y hostigó a quienes defendían y promovían los derechos humanos», además, agrega que algunas de las violaciones de los derechos humanos fueron obra de «policías vestidos de civil, apoyados o tolerados por las autoridades estatales».

El informe de AI también apunta que «en muchos de los abusos participaron funcionarios y empleados de instituciones municipales y estatales, entre ellas autoridades ejecutivas del estado, policías del Estado y las autoridades municipales que apoyaban al partido del Gobierno local».

Amnistía Internacional ha denunciado que las autoridades judiciales no protegieron las escenas del crimen, ni investigaron las denuncias, ni han practicado las pruebas forenses pertinentes, ni han recabado testimonios de testigos posibles, ni han verificado las pruebas presentadas.

Por ello, la organización de defensa de los derechos humanos exige que se garantice «una investigación completa, imparcial e inmediata sobre los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil» que operaban, al parecer, con el apoyo de las autoridades estatales.