El accidente laboral se produjo sobre las 12.00 horas en el monte de Laudio, donde Juan Antonio B.Z., maquinista de bulldozer, se encontraba trabajando contratado por la empresa Forestales Mugarri de Iurreta, aunque, según explicaron desde el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan), aún se desconoce si era un operario autónomo o formaba parte de la plantilla de alguna empresa.

El informe previo remitido por Osalan indica como causa del accidente el vuelco de la máquina con la que trabajaba en una zona de pendiente.

También se desconoce por qué han pasado 24 horas desde la muerte del trabajador hasta la comunicación de la misma.

El mortal siniestro laboral provocó la reacción de sindicatos y de Batasuna.

La formación abertzale indicó en una nota de prensa que «de nuevo, la patronal y los responsables de Lakua miran a otro lado ante este episodio de violencia, al que no prestarán ninguna atención» porque «no hay castigos para la violencia de la ptronal ni medidas para luchar contra ella».

Batasuna denunció la «incompetencia» mostrada por los partidos que conforman el Ejecutivo de Gasteiz para luchar contra esta «lacra organizada» y, al mismo tiempo, criticó a la pataronal por llevar a los trabajadores hasta la muerta por las condiciones de trabajo y la precariedad impuesta.

Batasuna criticó el «parcheo» y exigió ir a la raíz de los probema para solucionarlos. Entretanto, llamó a movilizarse para denunciar esta muerte en un nuevo accidente de trabajo.

Por su parte, CCOO denunció la muerte de Juan Antonio B.Z. y exigió a la Administración y a las empresas «que cumplan y hagan cumplir la legislación y las medidas de prevención de riesgos laborales».

En un comunicado, esta central criticó que «para las estadísticas de Osalan este trabajador no ha fallecido en Alava, ya que pertenecía a una empresa de Vizcaya». «Pero esto no nos debe hacer olvidar que en Alava han fallecido siete trabajadores en su puesto de trabajo, independientemente de dónde esté radicada la empresa para la que trabajan», añadieron.

CCOO consideró que, siendo la mayoría de la masa forestal de Araba de propiedad pública, tanto foral como local, la «exigencia hacia la Administración es mayor».