Los alcaldes y alcaldesas de Eskoriatza, Aramaio, Atxondo, Arrasate, Leintz-Gatzaga, Izurtza, Urretxu, Angiozar, Elorrio y Antzuola, municipios donde EAE-ANV es la mayor fuerza política, reunieron en la mañana de ayer a los medios de comunicación para denunciar la actitud que Lakua y el Ministerio español de Fomento están manteniendo en las diferentes fases de desarrollo del «macroproyecto ferroviario del TAV».

Asimismo, los máximos representantes políticos de estas localidades subrayaron la necesidad de «un debate serio y mínimamente profundo» sobre, según afirmaron, «la mayor infraestructura de transporte de Euskal Herria». El ansiado debate debería, según apuntó Asier Agirre, alcalde de Aramaio, «contrastar opiniones de expertos en infraestructuras, transporte o medio ambiente».

Los mandatarios municipales destacaron también el hecho de que el Ministerio de Fomento ha iniciado la apertura del plazo para realizar alegaciones ante los informes que detallan la necesidad de expropiar bienes para la ejecución del proyecto.

Los ayuntamientos que han recibido dicha notificación han sido los afectados por los tramos Arrasate-Elorrio, Abadiño-Durango-Zornotza y el tramo de Zaratamo.

A ese respecto, Agirre señaló que «no es casualidad que el plazo para realizar las citadas alegaciones se abra precisamente, ahora, en agosto, en pleno periodo vacacional», es decir, cuando los «necesarios» agentes para confeccionar las alegaciones, «se han ido de vacaciones».

Los representates de ANV exigieron a los impulsores del proyecto una «prórroga del plazo para realizar alegaciones, de modo que permita a los afectados defenderse ante la imposición del TAV», toda vez que mostraron su disposición a ayudar, en la medida de sus posibilidades, a los ciudadanos afectados que quieren realizar alegaciones.

EHNE también lo critica

El sindicato agrario EHNE, por su parte, ha denunciado también que la apertura del plazo de las alegaciones se produzca «en pleno mes de agosto».

Esto último supone, según el sindicato vasco, «disminuir la capacidad de respuesta», tanto de las personas afectadas, como de los colectivos contrarios al Tren de Alta Velocidad.