El Instituto Universitario Europeo de Florencia y del Centro de Estudios Avanzados Robert Schuman han difundido esta semana un informe que analiza la política externa de inmigración de la Comisión enfocada a los países que forman el Proceso de Barcelona, los llamados países Med-MENA: Argelia, Egipto, Jordania, Israel, Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez y Turquía.

En términos generales, concluye que «la UE trata de servir a sus propios intereses más que a intereses equilibrados» con países con los que firma acuerdos. Bruselas únicamente persigue «detener las migraciones de países de tránsito», frente a los no comunitarios, que «de manera más significativa unen el desarrollo con las migraciones».

El análisis -realizado por las autoras Ounia Doukouré y Helen Oger- repasa la evolución a lo largo de los años de la política migratoria de la UE, que tomó realmente importancia en 2001, así como los dos tipos de acuerdos que mantiene con los países mediterráneos -en el marco del Proceso de Barcelona y mediante los convenios individuales de la Política de Vecindad-.

De manera general, concluye que «la política exterior europea de migración se centra principalmente en el control de fronteras, la lucha contra la inmigración ilegal, la cooperación contra el terrorismo, la protección de refugiados» y pone un «énfasis específico» en los países con los que tiene frontera, principalmente Turquía y Marruecos.

Señala, en concreto, que «Turquía y Marruecos han sido ampliamente influidos y presionados por la UE, que les ha transferido su propia agenda».

Para las autoras, «hay una innegable tendencia europea a europeizar a sus vecinos más inmediatos para mejor resolver sus propios intereses» y «los países señalados como objetivo son conscientes» de ello, en alusión a Rabat y Ankara. Ambos han decidido seguir esta línea que, según el estudio, no tiene por qué ser exclusivamente negativa, ya que les ha comportado convertirse en actores «más creíbles» en la escena internacional.

Degradación del desarrollo

El documento habla de la «externalización de la UE», entendida como la «reproducción de la política europea interna de inmigración a nivel externo», que se refleja en compartir cargas con los países del sur del Mediterráneo, por ejemplo, por lo que respecta al control de inmigrantes, «siguiendo los intereses europeos».

«Esto implica una degradación de los intereses de desarrollo y cooperación de la migración legal», afirma.

Por el contrario, se refiere a las expectativas de los países MEDA y de organizaciones internacionales como el Banco Mundial -y también de «voces internas» como el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la UE-, que esperan que este tipo de acuerdos incluyan «más que migración ilegal y control de fronteras», aspectos como «crecimiento económico, reducción del desempleo y desarrollo social».

Debido a que la relación de la UE con estos países se centra en la contención de los flujos migratorios, constata diferencias en su actitud hacia el Magreb y el resto.

En este sentido, el estudio se refiere a los lazos bilaterales que estados miembros como el Estado español, Italia o el Estado francés mantienen con países del Magreb, aunque indica que «estas relaciones especiales parecen más un movimiento impuesto desde Europa en su propio interés que un diálogo genuino entre iguales en un marco de regionalización». Añade que «Turquía y Marruecos son ejemplos evidentes de la europeización y no regionalización» que, según las autoras del informe, se da en realidad.

Evitar la cooperacion sur-sur

Además, por lo que respecta a los países MEDA, descarta que se dé una cooperación entre ellos, que ha sido «evitada» desde la UE. Las diferencias se articulan particularmente teniendo en cuenta que «todos los países del Magreb (...) comparten un flujo común de inmigrantes ilegales» que quieren llegar a Europa desde el África subsahariana.

Esta circunstancia lleva a una «fuerte distinción» entre países del sur y del este del Mediterráneo, que es fomentada por la UE. «Si hay diferencias significativas entre los países, es importante subrayar el papel de Europa en esta división», dice el informe. Añade que, «de hecho, parece que los países geográficamente más cercanos a Europa, en particular Marruecos y Turquía, han sido significativamente influenciados y/o presionados por Europa para hacer mayores cambios en su entendimiento de la inmigración y el asilo».

Estas diferencias también se constatan en el aspecto económico, reflejadas en los fondos comunitarios que reciben. Por ejemplo, en el año 2004, Marruecos fue el beneficiario de cinco de los 25 proyectos que se aprobaron por valor de un total de siete millones de euros.

Una relación nunca desarrollada

El Proceso de Barcelona ha sido el último intento, hasta el momento, de la UE para desarrollar programas de cooperación con los países de la orilla sur del Mediterráneo y los demás países árabes, una relación que nunca se ha sustentado sobre una cooperación real. Así, en 1972 se puso en marcha la denominada Política Global Mediterránea, un conjunto de protocolos financieros de ayuda con una filosofía exclusivamente comercial. El objetivo de la entonces CEE era desarrollar las economías árabes para que el flujo migratorio descendiera. El programa fue un desastre, ya que las inversiones europeas no llegaron al 1%.

En 1992, Europa puso en marcha la denominada Política Renovada Mediterránea, siguiendo las bases de la Política Global, pero extendiendo la colaboración de estado a estado a otros agentes como empresas privadas o universidades.

El Proceso de Barcelona se puso en marcha en 1995, con un concepto en el que la cooperación estaba concebida como una labor que debía desarrollarse en tres niveles: el económico, el de seguridad y el cultural y social.