El Departamento de Interior de Lakua prohibió ayer, por iniciativa propia, el acto convocado por el movimiento pro amnistía para esta tarde en Donostia. El acto tiene como objeto recordar a Iñaki Ormaetxea, Patxi Irizar y Jokin Leunda, militantes de ETA muertos a tiros por la Guardia Civil cuando se encontraban en una vivienda del barrio de Morlans, hace hoy 16 años.

En esta ocasión, la consejería que dirige Javier Balza no esperó a una posible orden de la Audiencia Nacional española y vetó la movilización que se viene celebrando año tras año.

A media mañana de ayer, la página web de la Ertzaintza daba cuenta de esta decisión con una escueta nota de prensa, en la que no se concretaban las razones de la prohibición.

Nada más conocer la noticia, el movimiento pro amnistía hizo saber que hará oídos sordos a este veto y animó a la ciudadanía a que, por encima de los impedimentos legales, acudan al acto que tendrá lugar a las 18.00 en Morlans. Además, solicitaron a la Ertzaintza que no intervenga. A juicio del organismo antirrepresivo, con la medida dictada ayer, el Ejecutivo de Lakua «se ha quitado el disfraz». Resalta que esta vez Lakua «ni siquiera ha esperado a esconderse bajo decisiones de la Audiencia Nacional española y lo ha prohibido por iniciativa propia».

En una nota remitida a los medios de comunicación, resalta que tanto esta medida como la actuación que está llevando a cabo en los últimos días la Policía autonómica son «la aplicación práctica del pacto antiterrorista que propone Josu Jon Imaz».

El grupo parlamentario Ezker Abertzalea también mostró su crítica ante la medida adoptada por el Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe.

En tono irónico, preguntó a Lakua si este tipo de decisiones se sitúan dentro del «Plan para el respeto de los derechos humanos, civiles y políticos», rubricado el pasado 6 de julio por EA, EB y PNV, al tiempo que aseguraba que este tipo de medidas ponen en entre dicho esos mismos derechos que, dicen, «piensan defender».

Al entender del grupo parlamentario abertzale esta resolución es un «fiel ejemplo» del proceder de Lakua ante las víctimas de la violencia de Estado. Considera destacable que, mientras que a las víctimas de la lucha armada de ETA se les rinde «grandes homenajes» por parte de las instituciones, a las personas que han sufrido la «violencia del Estado español» «ni siquiera se les concede el carácter de víctima».