Mahmud Abbas ha cesado a alrededor de 200 destacados funcionarios de su Gobierno afines a Hamas, mediante un decreto con el que trata de cortar cualquier presencia del movimiento islámico en las instituciones palestinas.

Las organizaciones al-Fatah y Hamas acordaron en febrero en La Meca la constitución de un Gobierno de unidad nacional. Tras ese acuerdo, el presidente palestino resolvió nombrar a doscientos hombres leales a Hamas para destacados puestos oficiales de los distintos ministerios, pero el decreto promulgado el viernes por la noche anula aquellos nombramientos.

Esta es una más de las decisiones que está tomando de Mahmud Abbas tras la toma del poder en la Franja de Gaza por parte de Hamas y que están agudizando la crisis abierta en junio, que puso fin al Ejecutivo de unidad.

Abbas también decretó el viernes, según fuentes oficiales, que cualquier persona que trabaje para Hamas podrá ser arrestada por miembros de la seguridad palestina y se enfrentará a penas de prisión de entre tres y siete años. A quienes trabajen bajo las órdenes del movimiento islámico también se les cancelarán sus cuentas bancarias y no pondrán trabajar en otras instituciones palestinas.

Asimismo, el primer ministro del Gobierno interino de Abbas, Salam Fayyad, aseguró a través de un comunicado que toda persona que sea encontrada en los territorios palestinos portando banderas distintas a la nacional palestina podrá ser arrestada y multada con 3.000 shékels (600 euros).

Además, el viernes dos palestinos, un miliciano de al-Fatah de 30 años y un civil de 16 resultaron muertos en enfrentamientos con soldados israelíes en una aldea del distrito cisjordano de Jenín. Ayer, soldados judíos dispararon contra tres palestinos que se acercaron a la valla que hace de frontera entre la Franja de Gaza e Israel, y mataron a uno de ellos.

El Gobierno israelí, por su parte, anunció ayer que podría amnistiar a otros 110 milicianos buscados por las fuerzas de seguridad judías si abandonan la lucha armada contra Israel, según fuentes palestinas.

Denuncia en las cárceles

Por otro lado, la abogada Bothaina Doqmaq, del Instituto Mandela, ha denunciado que la Administración de las Prisiones Israelí (API) continúa con las violaciones y los ataques ilegales contra los presos políticos palestinos y contra sus familiares, según informó el Centro de Medios Internacionales para Oriente Próximo (IMEMC). La abogada señaló que algunos permanecen esposados y encadenados por los tobillos, incluso cuando salen al patio.

Doqmaq visitó a varios presos en las cárceles de Eshil, Galboa y Beer Shiva, quienes le informaron de ataques reiterados por parte de la API, que les impidió recibir visitas durante un mes, y de sus traslados sin motivos justificados. Los presos palestinos exigen, entre otras demandas, el fin a su política de confinamiento solitario.

Por su parte, un abogado del Instituto Hilal Jaber denunció las pésimas condiciones y el hacinamiento en la prisión israelí de Majiddo.