Los gritos de «Julio askatu» arreciaron ayer tarde ante los muros de la prisión de Iruñea. Julio Villanueva ha pasado la noche en la cárcel después de ser detenido la víspera por la Policía Municipal de Iruñea (según se conoció ayer) al acudir a renovar el carnet de conducir. Los agentes se personaron en ese momento en la oficina de la Plaza de la Cruz y lo arrestaron.

Villanueva es uno de los ocho activistas condenados a cuatro años y diez meses deprisión por el corte de los cables que paralizó durante un año las obras de la presa de Itoitz. Han pasado ya más de once años, puesto que el sabotaje se produjo el 6 de abril de 1996. Se encontraba en búsqueda y captura desde que salió la sentencia, dos años después, igual que sus siete compañeros.

Solidarios con Itoitz se movilizó con rapidez. Ayer mismo dio a conocer el hecho y promovió una concentración. Y ha realizado una convocatoria para mañana a las 19.00, también ante la cárcel de la capital navarra.

El colectivo explicó que el militante ecologista fue llevado a prisión directamente tras pasar por dependencias policiales, sin comparecer ante ningún juez.

Tercer encarcelado

La persecución contra los autores de aquel sabotaje que tuvo un gran eco social continúa once años después. Julio Villanueva es el tercer encarcelado por esos hechos, después de que anteriormente pasaran por prisión tanto Iñaki García Koch como Ibai Ederra.

En el caso del primero, fue detenido en junio de 2001 en un control de carretera en León, y permaneció encarcelado durante tres años y diez meses. Por lo que respecta a Ibai Ederra, otro de los participantes en el corte de cables, fue apresado el 15 de marzo de 2004 en un control de la Policía Foral, y tras permanecer entre rejas durante tres años en la actualidad se encuentra en libertad condicional.

Solidarios con Itoitz recuerda que tanto uno como otro «fueron injustamente clasificados como presos FIES».

La sentencia emitida por la Audiencia de Iruñea en 1998 fue muy cuestionada. Si bien el corte de cables fue condenado con fines de semana de prisión, el tribunal utilizó el tipo delictivo de «detención ilegal» del vigilante jurado de las obras para sustentar una pena de cárcel, fijada al final en cuatro años y diez meses. El Supremo español desestimó el recurso.