Bajo el nombre de Bangsa Moro se agrupan trece grupos étnicos que habitan principalmente en el sur del archipiélago filipino. Desde hace siglos mantienen una pelea por volver a ejercer su derecho de autodetermi- nación, algo a lo que se oponen tanto los diferentes gobiernos filipinos como sus aliados occidentales.

Antes de la invasión colonialista española, el pueblo moro estaba en un «proceso de formación de un Estado propio», en torno fundamentalmente a los sultanatos y principados musulmanes de la región. Los españoles intentaron conquistar a sangre y fuego y, al mismo tiempo, imponer su religión cristiana a una población abrumadoramente musulmana. De aquellos tiempos surge la denominación de «moros», aplicada por los colonialistas españoles en un intento de relacionar la misma con «herejes, bestias feroces... que deberían arder en el infierno».

Sin embargo, la agresión española no logró derrotar al pueblo moro que llegó a adoptar la denominación de «moro» como un signo de rebeldía y resistencia común a los diferentes grupos étnicos. Después de la salida española y la aparición de EEUU en la zona, la actitud de los moros no varió, y mantuvieron una dura resistencia a los intentos norteamericanos por hacerse con el control de las tierras moras. Tras lograr «unificar» Filipinas y acceder al control político de la misma, Washington puso en marcha una campaña de expolio de tierras y contra la cultura mora, cuyas consecuencias perduran hoy día.

La posterior independencia de Filipinas no supuso ningún cambio para el pueblo moro, la ocupación y explotación venía ahora desde Manila. Como señalan algunos defensores de la causa mora, en torno a ese pueblo encontramos tres pilares básicos de la opresión, representados por las fuerzas coloniales (EEUU), los gobiernos reaccionarios locales (Manila) y la colaboración de algunas élites moras que defienden sus propios intereses o los de su clan por encima de la nación mora.

Desde Manila se ha respondido con violencia a las demandas de autodeterminación, sucediéndose campañas militares y leyes marciales para acallar las voces del pueblo moro. Éste, a partir de la década de los setenta se organizará en torno al Frente de Liberación Nacional Moro (MNLF), que defenderá el uso de la lucha armada como vía para acceder a la independencia.

Años más tarde, las divisiones en este grupo darán lugar a la formación de una nueva organización, el Frente de Liberación Islámico Moro (MILF). Mientras que el primero apostaba por un proyecto más centrado en aspectos nacionales, el segundo acentuará su discurso en esa línea, pero dotando de mayor protagonismo al Islam.

Hace algunos años otras dos formaciones se sumaron a ese escenario, Abu Sayyaf, con una clara tendencia islamista (y algunos lo relacionan además a Al Qaeda) y la Organización de Resistencia y Liberación Mora (MRLO), impulsada por el partido comunista filipino, que mantiene un enfrentamiento armado de décadas con los diferentes gobiernos filipinos.

Las negociaciones de paz con el MNLF dieron lugar a la creación de una «autonomía», pero los continuos incumplimientos de lo acordado, han provocado que dentro de esa organización aumenten las voces partidarias de volver a la lucha armada. Por su parte, el MILF también mantiene una tregua «formal», pero los acontecimientos de las últimas semanas nos muestran la fragilidad de la situación, ya que militantes de ambas organizaciones se han responsabilizado de los ataques contra el Ejército filipino.

La nueva ofensiva del Gobierno filipino está provocando un aumento muy peligroso de la tensión. Apoyado por Washington (con asistencia material y asesoramiento), la campaña militar «contra el terror» se centra en acabar con Abu Sayyaf (cuya muerte y resurgimiento nos anuncian cada cierto tiempo), pero como estamos viendo no hace sino acentuar el rechazo de la población, al tiempo que puede estar obedeciendo a otros oscuros intereses, ligados a la propia presidenta Gloria Macapa- gal-Arroyo. Ésta estaría buscando desviar la atención, ante las acusaciones cada vez más amplias de corrupción, escándalos y, sobre todo, los malos resultados electorales el pasado mes de mayo.

Al mismo tiempo, se le concede carta blanca al todopoderoso Ejército filipino para que continúe sus operaciones contra el pueblo moro y contra la guerrilla comunista. No podemos olvidar que sobre el Gobierno de Arroyo y las fuerzas armadas se han sucedido las acusaciones de «guerra sucia», avaladas por importantes organismos internacionales que han denunciado la eliminación física de opositores de izquierda. La nueva ley «anti-terrorista» y el traslado temporal del Cuartel General del Ejército al sur del archipiélago son claros indicios de las intenciones de la presidente filipina.

La importancia geoestratégica de la región es uno de los argumentos de Washington para apoyar, sin condiciones, la política represiva de Manila, mientras que la poderosa Iglesia Católica parece seguir decidida a la colonización espiritual del pueblo moro. De continuar las cosas en esa dirección, no es de extrañar que la radicalización de las comunidades moras siga aumentando. Años de frustración y expolio, unido a una marginación laboral, en el acceso a la vivienda, en la educación, en ocasiones visto como fruto de la influencia cristiana y, todo ello, con la presencia de sectores radicales islamistas, puede convertir la situación en un polvorín a medio o corto plazo.

La imposición por las armas que pretende mantener el Gobierno filipino está condenada al fracaso, y lo único que puede ofrecer esa actitud al pueblo moro es más sufrimiento y mayores deseos de ejercer su derecho de autodeterminación. Algunos expertos de la UNESCO señalaban acertadamente que «el ejercicio pacífico del derecho de autodeterminación en su sentido más amplio es un factor determinante para la prevención y resolución de conflictos, especialmente aquellos en los que están implicados los estados existentes y pueblos y minorías».