Según sostenía Jean-Jacques Rousseau, los seres humanos somos buenos por naturaleza y es la sociedad la que nos corrompe. En 1875 un tal Cesare Lombroso, inspirado en las teorías deterministas de Darwin, publicaba «El hombre criminal». Este profesor de medicina legal defendía una idea tan controvertida como criticada: el criminal pertenecería a una subespecie primitiva del homo sapiens y se diferenciaría de los seres humanos «normales» por una serie de marcas físicas y rasgos psicológicos.

Max Weber define el Estado como la institución que detenta el monopolio de la «violencia legítima». Yo, amateur con pocas ambiciones, continúo dándole vueltas al fenómeno de la violencia -incluida su amenaza- y el rol de las instituciones implicadas en su desencadenamiento, sostenimiento, disminución, incre- mento y/o erradicación.

En este mundo nuestro globalizado seguimos pensando y repensando las violencias desde diferentes ángulos; revisitamos conceptos como «guerra», «terrorismo» o «suicidio»; descubrimos las nuevas dimensiones de la vigilancia, el control y el castigo; experimentamos con nuevos instrumentos, legales o no, y rescatamos instituciones obsoletas y totalitarias como los viejos asilos.

En el Estado francés se ha reabierto el debate en torno a las penas impuestas a los reincidentes. Hace unos días, los medios de comunicación nos contaban que Evrard era el pre- sunto agresor del pequeño Enis. Evrard es un recidiviste (reincidente) conocido. En un clima de conmoción, indignación y emociones a flor de piel, Sarkozy ha propuesto construir un hospital cerrado para delincuentes sexuales.

Mientras, el diputado Bernard Debré anuncia una proposición de ley para obligar a los delincuentes sexuales a someterse a la castración química reversible, previo informe favorable de un equipo médico constituido por profesionales de la psiquiatría y especialistas, que determinará qué delincuentes sexuales son potencialmente reincidentes. Debré, que es médico y jefe del Servicio de Sexología del hospital Cochin, propone inyectar trimestralmente un producto «para inhibir la libido».

La obligación vendría fijada por decisión judicial y tendría lugar desde la entrada en prisión, y también después de la salida, con un seguimiento trimestral. Para realizar el seguimiento, el delincuente portaría una pulsera electrónica. En caso de que el paciente-delincuente no siguiera su castración química, sería transferido a una prisión u hospital especializado, y no podría salir a condición de que se comprometa a «cuidarse».

Las emociones son humanas y legítimas; otra cosa es legislar abusando de la emotividad. La demagogia mezclada con el dolor y el sufrimiento nos conduce inevitablemente a la trampa del populismo. ¿No quedó establecido en la «Declaración de Derecho del Hombre y del Ciudadano», de 1789, que la ley no debe imponer otras penas que aquéllas que son estrictamente necesarias?