Askatasuna ha dado a conocer nuevos ejem- plos de lo que no duda en denominar como «extorsión económica» destinada a acallar protestas populares de todo tipo. El cuestionado Pacto Cívico de Iruñea ofrece cobertura seudolegal a la imposición de multas por diferentes hechos, desde la promoción de fiestas como el Olentzero o eventos populares, a las reivindicaciones de carácter social y político. En base a estas últimas se han llegado a imponer últimamente sanciones que ascienden a 1.500 euros.

Es el caso de las formuladas contra cinco jóvenes a los que se acusa de participar en un corte de carretera en Iruñea, en la jornada de movilización desarrollada en toda Euskal Herria para denunciar la sentencia contra las organizaciones juveniles Jarrai. Haika y Segi, en el pasado mes de enero. Askatasuna llama la atención sobre la falta de garantías de defensa que acarrea el Pacto Cívico: «En la mayoría de los casos estas personas ni siquiera fueron identificadas en la movilización, por lo que no se puede probar su participación en los hechos». Las sanciones han sido recurridas ante el Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN). A esta instancia han apelado también un vecino de Iturrama y tres de Arrosadia multados con 150 euros por colocar propaganda de ANV, formación que además fue legal en Iruñea (en Noain, por el mismo tiempo se ha llegado a imputar «delito electoral»).

Imanol Berrueta, golpeado y multado

Los ejemplos de multas amparadas por la norma impulsada por la alcaldesa de UPN, Yolanda Barcina, resultan abundantes. Desde las movilizaciones pro-gaztetxe ya se dio cuenta de las interpuestas, de forma masiva, con el argumento de haber escupido en la calle. Askatasuna da cuenta ahora de otras como la impuesta a dos vecinos de la Txantrea que reprocharon a la Policía Municipal de Iruñea que retirara carteles que «denunciaban las torturas y detenciones de Joseba Lerin y Joseba Pavón», en el pasado mes de abril. Los municipales no sólo silenciaron la denuncia de maltratos a estos vecinos de Iruñea en comisaría, sino que, según Askatasuna «iniciaron una persecución e identificaron a varias personas dentro de un establecimiento hostelero, amenazándoles con sus porras, alguna de ellas extensible. Una persona fue trasladada a comisaría al negarse a identificarse». Después viene la multa: en este caso, de 150 euros.

Por esas misma fechas alcanzó gran eco una inhabitual irrupción de la Policía Foral en la herriko taberna de la calle del Carmen de Iruñea, tras haberse producido unos incidentes previos que ya habían finalizado. Entonces ya se denunció que uno de los agredidos por los agentes antidisturbios depen- dientes del Gobierno de Nafarroa fue Imanol Berrueta, que se identificó ante los forales como «hijo de Angel Berrueta, asesinado por un policía». Recibió un pelotazo a tres metros de distancia. Askatasuna narra que «tras caer al suelo, un policía le decía que se levantara. Ninguno de los agentes le ayudó ni asistió. El, arrastrándose, llegó a entrar dentro del bar y en ese momento fue identificado por agentes forales, que le acusan de desórdenes públicos». El caso termina, de nuevo, en multa: 200 euros. Para Imanol Berrueta, claro.

El organismo antirrepresivo avisa de que el Ayuntamiento no perdona: ha dado curso ahora a seis órdenes de embargo por colocación de carteles hace cinco años. Y que no sólo UPN promueve este tipo de represión, sino también los cuerpos dependientes del PSOE. El 18 de diciembre pasado, en Tafalla se realizó una caravana de coches llamando a una jornada de movilización convocada dos días después. La Guardia Civil interceptó a los vehículos para imponer ocho multas y retirada de puntos del carné. Esta última medida ha sido revocada tras los recursos, pero se mantiene la sanción económica.

Queda claro que la afección al tráfico era lo de menos. Askatasuna lo tiene claro: «Estas multas son impuestas para intentar acallar a los sectores populares de Nafarroa y obstaculizar sus movilizaciones. Son un ataque contra la libertad de expresión, una verdadera extorsión económica que afecta de forma sibilina y silenciosa a los bolsillos de la ciudadanía». Una sangría económica contra la que piden «un muro de contención».