El presidente estadounidense, George W. Bush, asediado por sua adversarios políticos, perdió ayer a otro de sus más fieles discípulos, el fiscal general, Alberto Gonzales, su «ministro» de Justicia, que dimitió tras varios meses como principal objetivo de los ataques demócratas.

En una breve comparecencia en la que no admitió preguntas ni explicó los motivos de su decisión, Gonzales anunció su renuncia, con la que concluye lo que denominó una «extraordinaria trayectoria» política que comenzó en Texas y le llevó hasta Washington. Su renuncia será efectiva desde el 17 de setiembre.

«Ha sido uno de mis grandes privilegios liderar el Departamento de Justicia», señaló durante su intervención.

La dimisión de Gonzales pone fin a una carrera política marcada por una gran lealtad a Bush hijo desde sus días como gobernador en Texas hasta la presidencia de EEUU. Fuentes oficiales aseguraron que la renuncia fue una iniciativa personal que Bush aceptó a regañadientes.

La lealtad de Alberto Gonzales, de 52 años, ha sido recompensada: fue secretario de Estado de Texas, miembro del Tribunal Supremo de ese Estado y principal asesor jurídico del presidente antes de su nombramiento como titular del Departamento de Justicia en 2004 y su confirmación en 2005.

Hijo de campesinos mexicanos y nacido en San Antonio (Texas), ayer aseguró haber vivido «el Sueño Americano». «Aún mis peores momentos como secretario de Justicia han sido mejores que los mejores días de mi padre», afirmó.

Escándalos políticos

En los últimos meses, Gonzales se ha visto involucrado en varios escándalos políticos relacionados con la polémica destitución de ocho fiscales federales en 2006 -que también rodeó la reciente marcha del principal asesor de Bush, Karl Rove-, las escuchas telefónicas ilegales a ciudadanos estadounidenses y las acusaciones de tortura en Guantánamo y Abu Ghraib.

La polémica no ha abandonado al fiscal general durante sus dos años de mandato y le ha enfrentado varias veces con el Congreso, donde fue acusado por los demócratas de mentir en testimonios bajo juramento sobre los programas de espionaje dentro de EEUU realizados por la Agencia de Seguridad Nacional.

Gonzales ha sido señalado por demócratas y ONG de derechos humanos como autor del memorando en favor de la tortura. En enero de 2002, llegó a decir que la Convención de Ginebra está «obsoleta».