La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre la vía para actuar contra ANV
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española ha puesto su punto de mira sobre EAE-ANV, y ha pedido informes a la Guardia Civil y a la Policía española para abordar una posible actuación en su contra. Esta nueva actuación contra la formación abertzale por parte de un órgano que depende del Gobierno español viene precedida por declaraciones de dirigentes del PP clamando por su ilegalización, y del ministro de Interior dejando abierta esa posibilidad.
GARA |
Las acometidas contra ANV y las peticiones de ilegalización por parte del PP y de conocidos sectores mediáticos españoles han sido una constante desde que la histórica formación abertzale anunciara su intención de concurrir a las pasadas elecciones de mayo. Unos comicios en los que más de la mitad de las listas del partido independentista fueron ilegalizadas por iniciativa del Gobierno español.
Las amenazas no desaparecieron tras la cita con las urnas, pero se han incrementado, si cabe, tras el atentado del viernes pasado contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango. A este respecto, las declaraciones de destacados dirigentes del PP, encabezados por el propio Mariano Rajoy, clamando contra la formación de izquierdas y abertzale no cogieron a nadie por sorpresa. Sin embargo, sí es novedoso el hecho de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dependiente del Gobierno del PSOE, tenga previsto pedir informes a la Policía española y a la Guardia Civil sobre las actividades de ANV.
Según informaron ayer varias agencias, citando fuentes del tribunal especial español, la Fiscalía pedirá los informes en doble sentido. Por un lado, solicitará información sobre el Pleno desarrollado el viernes en Durango, en la que la mayoría de los grupos aprobaron una declaración de condena del atentado contra la Guardia Civil, a la que no se sumaron los ediles de la formación abertzale. Y por otro lado, el Ministerio Público quiere conocer también, por parte de las fuerzas policiales, las actividades desarrolladas por los cargos electos de ANV una vez tomaron posesión de sus cargos el pasado mes de junio.
Estas mismas fuentes resaltaron la intención represiva de esta petición de la Fiscalía, al señalar que su intención es «sumar datos en previsión de la posibilidad futura de solicitar la ilegalización» del veterano partido.
Asimismo, destacaron que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tiene previsto actuar «en colaboración permanente» con la Fiscalía General del Estado, al frente de la que se encuentra Cándido Conde-Pumpido.
Esta nueva iniciativa de la Fiscalía viene precedida por manifestaciones contra ANV, no sólo de miembros del PP, sino también del propio Gabinete de Rodríguez Zapatero.
Así, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, afirmó el domingo que el Gobierno español instará la ilegalización de la formación ekintzale «sin dudar un segundo» cuando tengan elementos para afirmar «que es parte de ETA». Respondiendo a Rajoy, el mandatario español declaró en concretó que «el PP conoce perfectamente la estrategia del Gobierno y sabe que si en algún momento disponemos elementos que permitan demostrar que ANV es parte de ETA no tardaremos en pedir su ilegalización».
Desde el PP, su secretario de Comunicación, Gabriel Elorriaga, dijo sentirse convencido de que el Gobierno español pretende la ilegalización de la formación abertzale.
El portavoz parlamentario del PSE, José Antonio Pastor, defendió ayer que el posible proceso de ilegalización de la formación histórica ANV «es un tema que hay que tratarlo con mucha racionalidad, con la cabeza muy fría y con mucho sentido común», y aseguró que «no se pueden tomar alegremente medidas de ilegalización de un partido político sin razones jurídicas muy fundadas», ni tampoco sin «garantías jurídicas y pruebas» y en base «a las vísceras o a intencionalidades políticas de uno u otro signo».
No obstante, José Antonio Pastor prosiguió diciendo que si existen pruebas «fundadas» en relación con ANV, «que no le quepa duda a nadie de que el Gobierno las pondrá en marcha», en referencia al proceso de ilegalización del partido ekintzale.
Con esa finalidad, el portavoz parlamentario del PSE explicó que «se juzgarán los comportamientos, actitudes y modos de hacer que puedan tener los dirigentes de la antigua Batasuna o de las candidaturas de ANV».
Recordó, asimismo, que la doctrina del Tribunal Constitucional «no establece una ilegalización automática, ni mucho menos, porque no se haya producido una condena». Pero a la par que recordaba la jurisprudencia española, apuntó que «es evidente» que el hecho de que ANV rehusara suscribir el texto de condena contra el atentado del viernes en Durango, «es un indicio más que puede ir en el sentido de que la Fiscalía y los jueces pongan en marcha el procedimiento de una posible ilegalización».
