El gobierno del Irak ocupado, liderado por Nuri al-Maliki, anunció ayer un acuerdo de última hora para cerrar la crisis del gabinete, que tiene una buena dosis de confesión política. Una de las primeras medidas tras la invasión del país árabe por una coalición multinacional liderada por estadounidenses y británicos fue la llamada ley de «desbaasificación». Se trataba, en definitiva, de derrocar a Sadam Husein, pero también de borrar todo rastro de lo actuado por sus gobiernos en el último cuarto de siglo.

La consecuencia de esa «depuración» salta a la vista. El estado de Irak desapareció y el país se sumergió en una crisis permanente. La mayor parte de los cuadros, funcionarios y hasta militantes del partido Baath fueron a parar a las cárceles, algunos al exilio, y una mayoría a engrosar las filas de las resistencia nacional. Las fórmulas de gobierno promovidas por EEUU desde la invasión de 2003 se han basado en la marginación de las formaciones políticas sunitas, y aquéllas que han accedido a colaborar con el gobierno de ocupación han tenido una participación puntual, ante el rechazo de su comunidad a esa presencia del todo anecdótica.

Transcurridos cuatro años de la entrada de las tropas invasoras, el gobierno de Nuri al-Maliki, cuestionado en su eficacia incluso por su principal esponsor, la Administración Bush, promueve un acuerdo para estabilizar el país ocupado que pasa por dar una cierta marcha atrás en ese proceso de «desbaasificación». Posiblemente se trate de un intento más voluntarista que efectivo, ya que el grado de cuestionamiento del actual gabinete es tal que este aparente guiño hacia el partido Baath, un referente ineludible en la historia política moderna de Irak, puede interpretarse como un último cartucho del equipo que lidera al-Maliki.

Con la mirada puesta en Washington, el acuerdo de gobierno incluye aprobar una ley del petróleo que permita recuperar una producción que hoy no alcanza ni de lejos los niveles que llevaron a Irak a ocupar el quinto puesto en la producción mundial de crudo.