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La intromisión del delegado Luesma

La historia política reciente de Euskal Herria tiene un espacio propio, y no precisamente por buenas razones, para una figura: el gobernador civil. Durante años ese cargo ha sido sinónimo de intromisión permanente de la Administración del Estado en la vida política de la Euskal Herria peninsular. La labor de los sucesivos ocupantes del puesto ha consistido en preservar a toda costa, y sin ahorrar medios, la presencia del Estado; en ejercer una autoridad muchas veces confundida en violencia. Ahí están para demostrarlo las excelentes relaciones de quienes han ocupado el cargo, bajo gobiernos de uno u otro signo, con personajes vinculados a la llamada «guerra sucia».

El delegado del Gobierno, con ser una figura administrativa más moderna, ligada al mapa autonómico, bebe de la misma fuente. Y es en esa vieja tradición de imponer la visión estatal hasta en el último rincón de este país en la que se enmarca la decisión del delegado del gobierno en la CAV, Paulino Luesma, de actuar ante resoluciones adoptadas, de forma libre y democrática, en plenos de ayuntamientos gobernados por ANV, en una clara vulneración de la autonomía municipal.

Es posible que, por razones de corte partidista, o simplemente por la costumbre de acatar las decisiones que emanan de Madrid, al Gobierno de Lakua no le parezca de suma gravedad el recurso anunciado por Luesma contra la decisión de los ayuntamientos de Hernani y Elorrio de constituir sendas comisiones municipales en las que se aborde la situación que padecen vecinos de esas localidades a causa de la política de dispersión.

El representante del Gobierno del PSOE amaga también con actuar ante la aprobación en el Consistorio de Arrasate de un dictamen técnico contrario al Tren de Alta Velocidad. Dado que en este caso el delegado del Gobierno español coincide con el Gobierno de Gasteiz en defender una infraestructura que genera controversia social, la respuesta de Lakua es tanto o más obligada que en el caso anterior, ya que su silencio podría entenderse como prueba de una comunión de intereses.

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