El trabajo incapacita y mata porque los empresarios, que son quienes deben de poner los medios para evitar los accidentes y enfermedades profesionales, no otorgan a esa exigencia legal la máxima prioridad, como recoge la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El resultado de esa negligencia, permitida desde la Administración pública, es una profundización en el drama humano. En este caso, también hay que tener en cuenta que es la propia Administración como empleadora la que no vela por la seguridad de los trabajadores.

El martes falleció Faustino Andrés Escalada, de la empresa Magafor SL, subcontratada para realizar las tareas de mantenimiento de la cubierta de los edificios de la Academia de la Ertzaintza en Arkaute. Osalan determinó que la causa de su muerte se debió a «un golpe de calor». Nadie impidió que ese trabajador estuviera soportando casi cuarenta grados centígrados en su tarea, a pesar de que ese edificio depende directamente del Gobierno de Lakua.

«Caso omiso»

LAB explica que «las distintas patronales hacen caso omiso de sus responsabilidades preventivas. Siguen primando más sus beneficios, e incluso, se preocupan más por el absentismo laboral para lo que reclaman medidas de control del mismo, en vez de poner las medidas adecuadas para evitar los accidentes de trabajo», según indica Ibon Zubiela, secretario nacional de Salud Laboral.

El sindicalista reconoce, en este caso, que «los empresarios nos someten a unas condiciones de trabajo casi inaceptables de precariedad laboral, de subcontratación, de elevada temporalidad, de altísimos ritmos de trabajo, entre otras, que minan nuestra salud y que, en demasiadas ocasiones, perdemos la vida en forma de accidentes de trabajo mortales. Una vez destrozada nuestra salud, lo único que les preocupa es que vayamos cuanto antes a trabajar», sentencia.

Tres de cada cuatro

Entre enero y agosto de este año suman ya, al menos, los 78 trabajadores fallecidos en Euskal Herria. Cada tres días ha muerto un trabajador por culpa del trabajo o cuando iba o volvía del mismo. Se han producido casi 36.000 accidentes con baja, según los datos oficiales que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa corresponden hasta julio y en Nafarroa, hasta junio. Es una situación intolerable, a la que hay que añadir el efecto dañino para la salud de las enfermedades profesionales por trabajar en condiciones no seguras. En este caso, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo reconoce que su efecto es «cuatro veces más elevado que los accidentes de trabajo».

Los datos son incuestionables. Desde 1996, cuando entró en vigor la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, han fallecido un total de 1.536 trabajadores en Euskal Herria; 8.525 han tenido lesiones graves o muy graves y 724.7119 trabajadores sufrieron accidentes leves, que supusieron bajas laborales por encima de tres días. En total, 734.780 trabajadores de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa han tenido algún problema para su salud en estos casi doce años, lo que supone que el 72,4% de los asalariados se han visto involucrados en un accidente de trabajo con baja laboral, es decir tres de cada cuatro. Una siniestralidad muy elevada que, aunque su incidencia remite algunas décimas, sigue siendo un problema fundamental en los centros de trabajo, que son responsabilidad única y exclusivamente de los empleadores, como manifiesta la ley.

Planes insuficientes

Las administraciones públicas, desde la europea, a la española y las autonómicas de Gasteiz e Iruñea, ha aprobado planes contra la siniestralidad laboral que fijan objetivos para reducir un 25% los accidentes de trabajo en cuatro y seis años. Para que Hego Euskal Herria alcance una tasa de siniestralidad similar a la europea tendría que rebajar el número de accidentes en, al menos, un 45%, por lo que los objetivos y medidas previstas son insuficientes. No se frena la siniestralidad porque no se termina con las causas fundamentales que provocan el aumento del riesgo: la elevada precariedad en el trabajo, la falta de formación e información de los nuevos trabajadores, la subcontratación y el aumento de los ritmos de trabajo.

También se conoce que la mayoría de las empresas «cumplen formalmente con la legislación», pero «no en la práctica», como ha desvelado un reciente estudio realizado por CCOO en Nafarroa. Carmen Sesma, secretaria de Salud Laboral de ese sindicato, afirma que «el 85% de las empresas del Metal no cuentan con un plan de prevención».

Un problema fundamental también se encuentra entre los trabajadores jóvenes, que son los que más precariedad laboral sufren. Tienen más del doble de posibilidades de sufrir un accidente de trabajo mortal. Este pasado viernes, de hecho, falleció un joven de 26 años en Mundaka en el polígono industrial Lamiaran, tras sufrir una descarga eléctrica y precipitarse de una altura de unos cinco metros.

La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo insiste, sobre todo, en la necesidad de que las pequeñas y medianas empresas adopten «una política de seguridad y salud efectiva».

Jukka Takala, director de la agencia con sede en Bilbo, recuerda que «una política eficiente en materia de seguridad y salud en el trabajo no sólo es esencial para el bienestar de los trabajadores, sino que a su vez garantiza el florecimiento empresarial y económico a largo plazo. Las empresas que se esfuerzan en prevenir los riesgos minimizan las pérdidas de lesiones o enfermedades, incrementan su productividad y, a la vez, reducen los costes».

Esa constatación, por ejemplo, no se tiene en cuenta en un sector muy atomizado como es el de la Construcción, en el que la subcontratación supone una fuente de siniestralidad, ya que un 26,6% de los accidentes mortales se produjeron en ese sector en Euskal Herria desde 2001 a 2007. La Comisión Europea reconoce que la incidencia de los accidentes mortales en la Construcción es el triple que en el resto de sectores económicos.

Por ese motivo, el Gobierno español aprobó la Ley de Subcontratación que entró en vigor el pasado 19 de abril y cuyo reglamento se aprobó el pasado viernes 24 de agosto y entró en vigor un día después.

Retraso en un año

La realidad del reglamento indica que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero retrasa en un año la puesta en marcha de las principales medidas de control de la subcontratación. Hay que partir del hecho que la legislación permite tres niveles de encadenamiento de subcontratas. En este proceso se producen la gran mayoría de los accidentes de trabajo en el sector.

Pero además el nuevo reglamento aplaza en un año la obligación de las empresas para incluirse en el registro de empresas acreditadas. Cada tres años tendrán que renovar su inscripción y deberán mantener los datos, al menos, en otros cinco. También se amplía a octubre de 2008, cuando en un principio se situó en octubre de este año, la exigencia de que el 10% de la plantilla tenga contrato indefinido; para el 20% desde el 20 de octubre de 2008 hasta el 19 de abril de 2010 y el 30% de los contratos de las empresas de Construcción tendrán que ser fijos, a partir de abril de 2010.