Todo transcurría conforme al programa oficial. Un día después de dejar su cargo como presidente de la República, Luis Echeverría montaba guardia de honor en el Hemiciclo a Juárez de la ciudad de México. Lo acompañaba su sucesor, José López Portillo. Era primero de diciembre de 1976.

La ceremonia oficial se realizaba sin sobresaltos hasta que una mujer diminuta, vestida de negro, se coló al acto. Indignada, le gritó al ex mandatario: «¡Ciudadano Echeverría, entrégueme a mi hijo... ya son muchos años!».

La mujer era Rosario Ibarra de Piedra. El nombre del hijo cuya devolución reclamaba era Jesús Piedra Ibarra, víctima de la guerra sucia.

Sucedió el 28 de agosto de 1978. Unas decenas de familiares de opositores políticos secuestrados por el aparato represivo comenzaron un ayuno en el Zócalo de la ciudad de México. El primero de siete. Querían hacer visible lo invisible, que se escuchara a quienes se les había quitado la voz. Exigían que se presentara con vida a los desaparecidos políticos.

La huelga hambre en la Catedral tuvo que levantarse sin resolver sus demandas centrales. Sin embargo, años más tarde la causa que la animó obtuvo un triunfo cultural indudable. Un año y meses después del ayuno, el 12 de diciembre de 1979, con la participación de una buena parte de la izquierda radical y de organizaciones sociales, se formó el Frente Nacional contra la Represión. El 15 de diciembre estaba en su casa el primer desaparecido.

Hoy, la historia regresa. A poco más de cuatro décadas de la protesta en el Hemiciclo a Juárez y 29 años después de la primera huelga de hambre para exigir la presentación de los desaparecidos políticos, organizaciones civiles y políticas volverán a dar vida al Frente Nacional contra la Represión (FNCR). Con ellas, en la primera línea de fuego, se encuentra la misma mujer que animó las iniciativas previas: Rosario Ibarra de Piedra.

La fundación del FNCR no es un reflejo nostálgico de una parte de la izquierda. Que en algunos de sus integrantes se presenten rasgos paranoicos no quiere decir que no los persigan... Según doña Rosario, en siete años de gobiernos panistas ha habido unas 100 desapariciones forzadas. De ellas, 65 ocurrieron en el gobierno de Vicente Fox y más de 30 con Felipe Calderón.

De manera alarmante, en los dos años recientes se ha intensificado la violación a los derechos humanos. Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, golpes, órdenes de aprehensión injustificadas, encierro en penales de alta seguridad, penas severísimas y violaciones sexuales son cometidos por distintas policías y el Ejército con la más absoluta impunidad. No es exageración.

En México existen más de 500 presos políticos. La gran mayoría son dirigentes sociales y populares. Muchos son jóvenes. No son escasos los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.

Uno de esos presos es Santiago Pérez Alvarado, defensor de derechos humanos y activista ambiental detenido el pasado 4 de julio y remitido al penal de Temascaltepec, acusado de secuestro. Acompañante y asesor de diversos movimientos en defensa del medio ambiente, promotor de la no violencia, participó en la lucha contra el desarrollo de un centro de esquí en el Parque Nacional Nevado de Toluca, impulsado por un grupo de inversionistas y el Gobierno del Estado.

El abogado Pérez Alvarado es conocido como un hombre honesto, solidario y conocedor de los derechos sociales. Sensible a las injusticias y abusos contra campesinos, participó en la resistencia civil pacífica del Comité por la Defensa de los Recursos Naturales del río Temascaltepec, formado por decenas de comunidades del sur del Estado de México, Guerrero y Michoacán. El comité se opuso a la construcción de la presa El Tule, mediante la cual se pretende captar agua del río Temascaltepec -clave para la economía regional- para conducirla a la planta potabilizadora Los Berros (la más grande del mundo) y, posteriormente, bombearla a la ciudad de México y la zona conurbada.

Es en el contexto de esa lucha, iniciada hace nueve años, que se detuvo a Santiago. A pesar de que las comunidades afectadas entablaron negociaciones con el Gobierno para frenar las obras, los trabajos continuaron. Agraviado, el pueblo de San Pedro Tenayac bloqueó el paso a la obra y retuvo, durante horas, a dos técnicos de la Conagua para exigir la presencia de las autoridades responsables. En ese momento el abogado se encontraba en la ciudad de México negociando con el Gobierno.

Más adelante, debido al rezago en el pago de indemnizaciones por la afectación de cultivos y tierras de las comunidades, provocada por la construcción y operación del sistema Cutzamala, se creó el Frente Mazahua por la Defensa de los Derechos Humanos. Santiago fue su asesor.

Al no obtener respuesta, la exigencia se convirtió en protesta. Las comunidades pusieron en práctica acciones de resistencia civil pacífica. Sin embargo, el Gobierno del Estado cooptó a algunos dirigentes y dividió al movimiento. Surgió así, con el apoyo de Santiago, el Movimiento Mazahua por la Defensa del Agua, los Derechos Humanos y los Recursos Naturales, que ha continuado en lucha, oponiéndose al despojo.

La detención de Santiago Pérez, por hechos acaecidos hace más de nueve años -en los que no tuvo participación directa-, pretende «limpiar el camino» para reactivar diversos proyectos de desarrollo en la región. Sin embargo, esos negocios afectan el patrimonio natural y cultural de las comunidades del Estado de México, que el abogado representa.

Santiago es una víctima más de la nueva guerra sucia. Una guerra en que lo mismo se aprehende injustamente a líderes populares que se realizan desapariciones forzadas. Su caso muestra la vigencia que tiene el renacimiento del Frente Nacional contra la Represión.

© La Jornada