Un militante independentista de Nafarroa ha dado a conocer el hallazgo de un aparato electrónico de seguimiento pegado al chasis de su vehículo, justo unas jornadas después de que la Guardia Civil le parara en un control. Este hecho no ha desencadenado una serie de reacciones ni denuncias, a pesar de su gravedad. Porque, aunque la cantidad de antecedentes existentes puedan generar una sensación de que se trata de una práctica legal y normalizada -sin ir más lejos este verano tres jóvenes encontraron un mecanismo de escuchas en su domicilio, en primavera un miembro de la comisión negociadora de la izquierda abertzale descubrió un mecanismo de seguimiento en su vehículo...-, se trata de un grave ataque a los derechos y libertades.

Los derecho a la intimidad, a no ser perseguido ni investigado de manera arbitraria y sin supervisión judicial, a la militancia política... forman parte del cuerpo definitorio de toda democracia. Por ello, el sistema político impuesto en el Estado español tras la muerte del dictador se dotó de un corpus legal que recogía el carácter inalienable de todos esos derechos, como prueba de su pedigrí democrático. Pero una cosa son las leyes y otra muy diferente la práctica de los aparatos del Estado, al menos del español, donde el espionaje político-policial se practica no sólo, pero sí de forma sistemática, contra el movimiento independentista vasco.

La sucesión de «hallazgos» evidencia que el sistema imperante en el Estado español no es tan democrático como algunos proclaman. Y más indicativo aún que los hechos es la reacción de la clase política ante ellos. Ni siquiera se dan las retóricas expresiones de denuncia de otros casos, y mucho menos la exigencia de investigaciones, de depuración de responsabilidades y de la supresión de todo hostigamiento policial. Y la pregunta que cabe hacerse es qué objetivo justifica que amparen unas violaciones de derechos que, aunque se centren hoy en un sector concreto, implican someter al conjunto de la sociedad a una «democracia» de bajísimo perfil.