Una de las noticias de este inicio de curso político ha sido la dimisión del viceconsejero de Vivienda, Javier Dean, segunda en la Consejería de Madrazo tras la precipitada salida de Omer Oke.

Revisando los debates que hemos mantenido siempre de manera constructiva con el señor Dean y una vez constatada la trayectoria de Madrazo en vivienda, la dimisión parece la decisión más acertada para una persona que dice sentirse de izquierdas.

Nos encontramos en el ecuador de la segunda legislatura con EB al frente del Departamento de Vivienda y los hechos han demostrado que el problema de la vivienda continúa siendo una losa para miles de ciudadanos. Ni la Ley del Suelo y Urbanismo, ni los Planes de vivienda, ni el anteproyecto de la Ley de Vivienda anunciada par este curso, han sido ni son herramientas válidas para garantizar el derecho de la ciudadanía vasca a disponer de una vivienda digna.

En la Ley del Suelo quedó patente el tronco central que sustenta esta política de vivienda: especulación, construcción desbocada, máximas plusvalías y utilización de un derecho social para hacer negocio. Para nada se apostó por una ley que garantizara el derecho a una vivienda, que hiciera frente a la especulación, que tomara como criterio básico la sostenibilidad aprovechando el suelo construido (vivienda vacía, rehabilitación, o adecuación de inmuebles), que garantizara la participación ciudadana con posibilidad de diseñar alternativas o que primara el alquiler asequible a la vivienda en propiedad. Todos estos presupuestos fueron los que el grupo Ezker Abertzalea defendió en aquel debate parlamentario, pero todos ellos fueron rechazados.

Y siguiendo con su disfraz de progresismo el Sr. Madrazo nos presenta ahora un anteproyecto de ley titulado «Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna», siendo su reclamo publicitario el canon sobre la vivienda vacía y la exigencia del derecho a la vivienda por vía judicial a partir de 2012.

En primer lugar, la definición que se hace de qué es y qué no es una vivienda vacía deja mucho que desear. El anteproyecto dice que se considerará vivienda desocupada aquella que no se habite más de 350 días al año, es decir, que basta con ocuparla 15 días. Asimismo, la segunda residencia no se considera vivienda desocupada y que no se limita su número por familia. Se trata de medidas sin recorrido, pues solo se podrán aplicar a un número muy restringido de viviendas.

El consejero va más allá en el tratamiento de esta cuestión al pasar la responsabilidad de gestionar las viviendas vacías a los ayuntamientos, sobre quienes recae también la responsabilidad de policía de la vivienda pública, así como la ejecución de los estándares de vivienda en aquellos municipios que quedan obligados legalmente al objetivo de cohesión social. Esto pudiera entenderse como una apuesta por la autonomía municipal, pero en la práctica se trata de competencias difícilmente ejecutables ya que para nada se dice cómo se va a garantizar la financiación. Se trata de que la Administración central pase la «patata caliente» de los asuntos potencialmente conflictivos a los municipios.

Respecto al planteamiento de exigir el derecho a utilizar una vivienda por la vía judicial a partir de 2012, queremos decir que resulta incomprensible que una persona tenga que exigir un derecho por vía judicial. No es justo que una persona tenga que costearse un carísimo y largo proceso judicial para que el Estado le asegure un derecho.

Resumiendo, la trayectoria política del Departamento de Vivienda parece que va a seguir por los mismos derroteros, y no se va a ofrecer una alternativa estructural que garantice el derecho a una vivienda. Porque Madrazo no ha tenido, y no le van a permitir tener, margen de maniobra para salirse del guión preestablecido por los agentes del negocio inmobiliario. Y es que desde que llegó al cargo, el Sr. Madrazo no ha ejercido otra función que la de maquillador, porque quien marca la línea política de vivienda son el PNV, Eudel y PSE.

Recuerdo los sonados enfrentamientos que ha mantenido Dean con Eudel y, sobre todo, con el PNV y Diputación de Bizkaia, defensores de una política de vivienda opuesta a la propugnada por el ex viceconsejero, y entiendo mejor los motivos de su dimisión en pleno debate sobre la nueva Ley de Vivienda.