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Tras ser desalojados ayer en la Txantrea, Gazte Aterpea va a seguir exigiendo vivienda

Hacia las 7.00 de ayer la Policía Municipal desalojó «de forma violenta» la acampada por el derecho a la vivienda del parque de Irubide, en la Txantrea. Los jóvenes seguirán trabajando por exigir este derecho.

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La Policía Municipal de Iruñea desalojó a primera hora de la mañana de ayer -a las 7.00 concretamente- a los aproximadamente cuarenta jóvenes del colectivo Txantrea Gazte Aterpea, que desarrollaban, en el parque Irubide del citado barrio de Iruñea, una acampada en defensa del derecho a la vivienda.

Con posterioridad, la plataforma Gazte Aterpea denunció «la actitud represiva del Ayuntamiento mediante la Policía Municipal» y destacó que «ya no es que no nos garanticen el derecho a la vivienda, que ellas, las administraciones públicas, son quienes deberían garantizarlo, sino que nos niegan ya el simple hecho de denunciar esta situación».

Esta plataforma creada hace ya algunos meses en la Txantrea había organizado la acampada como manera visual de hacer entender la imposibilidad de que los jóvenes se emancipen, ya que «lo que debería ser un derecho se ha convertido en un negocio para unos pocos».

Ayer, tras el desalojo sufrido, representantes de Gazte Aterpea resaltaron en una comparecencia pública que, «por encima de todos estos obstáculos, vamos a seguir trabajando a favor del derecho a la vivienda, un derecho que todas y todos tenemos, y que hoy en día la especulación y el hecho de estar en manos privadas han convertido en negocio, negándonos así cualquier posibilidad de tener acceso a la vivienda».

«Poner fin a esta política»

Por su parte, la concejala de ANV en el Ayuntamiento de Iruñea Mariné Pueyo destacó también en un comunicado que «una vez más, ciudadanos de Iruñea han sufrido represión por ejercer su derecho a reunión en exigencia del derecho de todo ciudadano al acceso a una vivienda digna». Tal y como indicó en la citada nota Mariné Pueyo, desde ANV «animamos y alentamos a los ciudadanos a que pongan fin a esta política de vivienda que no hace sino favorecer y privilegiar a los promotores especuladores inmobiliarios en detrimento de los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía, pero no por ello menos acreedores de los derechos que les asisten».

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