Un total de 549 miembros de las fuerzas de seguridad bonarenses han sido investigados en el último año por su posible participación en la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio contra un represor de la dictadura argentina. Precisamente, mañana se cumple un año de su desaparición.

Aquel 18 de setiembre de 2006, López iba a acudir a la audiencia de alegatos del juicio por el que se condenó a cadena perpetua a Miguel Etchecolatz, director de Investigaciones de la Policía bonaerense entre 1976 y 1983. Su testimonio fue clave en el juicio al identificar a Etchecolatz como uno de sus torturadores mientras estuvo detenido ilegalmente en una comisaría de La Plata. Según acaba de hacer público el Ministerio de Seguridad bonaerense, 549 agentes de las fuerzas de seguridad y militares fueron investigados por su posible intervención en los hechos. Se trata de personal en activo y ya retirado.

Además, durante este periodo, se han realizado 470 operativos, cinco de ellos en dependencias policiales, seis en unidades militares y uno en la cárcel Marcos de Paz. También se han intervenido 168 líneas telefónicas.

Al cumplirse el primer aniversario, la familia de López ha vuelto a exigir su reaparición con vida y que «el olvido y el silencio no caigan» sobre este caso. En una entrevista concedida a GARA justo cuando se cumplieron cinco meses de su desaparición, Guadalupe Godoy, una de las abogadas de López, subrayó que, con esta acción, los responsables quisieron lanzar un mensaje de «nosotros todavía estamos y aún podemos».

Incidió en que «todos los que permitieron que hubiera un genocidio en Argentina se enriquecieron y siguen en las esferas de poder. Es un miedo que se reinventa de alguna manera y no ha dejado de estar presente en la sociedad durante estos años». Sobre la posible implicación de sectores de la Policía de la provincia de Buenos Aires, afirmó que «desde los primeros días, tuvimos la certeza de que había militares y policías involucrados, retirados unos y en activo otros».