La Diputación de Gipuzkoa aseguró ayer que hizo un «seguimiento específico» del menor cuyos padres han sido condenados a seis años de cárcel por maltratarlo y abusar sexualmente de él, y defendió la idoneidad de «las medidas de protección y ayudas adoptadas» por la institución foral en este caso. PSE, PP, Aralar y EB solicitaron explicaciones a la diputada de Política Social, Maite Etxaniz.

El director general de Infancia y Juventud, José Ignacio Insausti, salió de esta manera al paso de las críticas dirigidas por la Audiencia de Gipuzkoa contra la Diputación en la sentencia en la que condenó a ambos progenitores, por no «sacar» a tiempo al menor y a su hermana del entorno familiar.

Insausti recordó que los programas de intervención familiar puestos en marcha en el caso, que comenzó en 1995, «registraron evoluciones positivas que sin embargo se truncaron, lo que exigió la adopción de otro tipo de medidas». Por este motivo, el 7 de abril de 2003 la Diputación acordó «asumir la guarda de los niños a solicitud de la madre» y fijar «un régimen de visitas diario con los padres por separado».

El director foral de Infancia y Juventud recordó además que fue una entidad que tiene convenio con la Diputación «la que interpuso el 20 de abril de 2003 la denuncia contra el padre que motivó el procedimiento penal en el que se ha dictado ahora sentencia». «La realidad -añadió- es que el Juzgado no estableció medidas cautelares y que la Diputación continuó con sus actuaciones a favor de la protección de ambos niños, algo que a fecha de hoy se mantiene».

Aseguró además que todos los servicios técnicos y profesionales de la Diputación «cumplieron con todos los protocolos de protección infantil en este caso». «Desde 1995, en que se inició la actuación de la Diputación hasta la actualidad -añadió José Ignacio Insausti-, no se ha hecho nunca dejación de atención».