La ONU ha emitido reciente y discretamente un informe en el que denuncia una masiva conculcación de de derechos humanos vinculada al crecimiento de la industria mercenaria, que recluta ingentes miembros de países del centro y sur de América.

Estas conculcaciones no se circunscriben a los civiles de los países en que actúan, sino que también afectan a sus propios empleados. Estos «soldados de la desgracia» a menudo se reclutan en poblaciones vulnerables de países en vías de desarrollo, como Honduras y Ecuador. El paro masivo, los bajos salarios, gobiernos débiles e historias de conflictos violentos en estos países hacen de sus poblaciones mano de obra ideal. Asimismo, el informe expresa preocupación sobre el «fenómeno» de gobiernos latinoamericanos que subcontratan la seguridad nacional y funciones militares al sector privado y sobre el uso de tales operaciones para «proteger» a compañías petrolíferas y mineras extranjeras.

«Son necesarias regulaciones tanto internacionales cuanto nacionales en estos países», afirmó Sanho Tree, miembro del Instituto de Estudios Políticos.

Tree, que ha estado observando durante años el papel de esta industria «fuera de control» en la «guerra contra las drogas» en América Latina, denunció que la falta de regulación y el descuido se deben al hecho de que ha sido silenciada durante años y ha visto la luz precisamente a causa de la ocupación de Irak.

Se calcula que hay unas 280 compañías privadas de seguridad actuando ilegalmente en Honduras. Un grupo de hondureños que trabajan en Irak para una empresa filial de la Your Solutions Inc., de Illinois, dice haber sufrido «irregularidades en el contrato, duras condiciones de trabajo, sueldos pagados parcialmente o impagados, malos tratos, insolación y carencia de imprescindibles como tratamiento médico y servicios sanitarios». Algunos ex empleados han presentado demandas laborales y criminales contra la compañía y las autoridades hondureñas.

Otro escándalo abierto contra la compañía es el adiestramiento ilegal en Honduras de reclutas chilenos para Irak. El informe sostiene que en setiembre de 2005 la compañía llevó al país a 105 chilenos, algunos ex soldados, con visados de turista. Estos, junto a sus homólogos hondureños, fueron enviados a la antigua base militar del municipio de Lepaterique para recibir instrucción. Washington utilizó en los años ochenta la antigua base, actualmente un centro de desarrollo de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal, para adiestrar a mercenarios de un tipo acaso no muy diferente, a saber, los Contras, el infame escuadrón de la muerte hondureño Batallón 316, y el Batallón de Inteligencia 601 argentino, una unidad «antiterrorista» iniciada bajo la Operación Cóndor.

En Ecuador las condiciones son más de lo mismo: inmunidad, impunidad, explotación y violaciones de derechos humanos y laborales. El informe expresa la preocupación de que las «compañías privadas de seguridad» estaban utilizando las bases militares de EEUU en Manta para reclutar a empleados para operaciones extranjeras (Irak y Afganistán) y dirigir la fumigación aérea y otras «operaciones antinarcóticos» bajo el Plan Colombia.

Manta se ha convertido en una vara luminosa política, ya que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ha amenazado con no renovar el «Acuerdo de cooperación» con EEUU (que expira en 2009) que permite a Washington utilizar la base de las fuerzas del aire. El acuerdo también garantiza inmunidad al personal militar estadounidense y a los contratistas civiles, una cláusula que el grupo de trabajo considera problemática. El informe y su documentación de abusos en el uso de la base junto con la opinión pública firmemente al lado de Correa puede incluso facilitarle echar a Washington cuando expire el acuerdo.

Jeffrey Shippey, un ex empleado de DynCorp International en Manta, creó una compañía fantasma, Epi Security and Investigations, y reclutó a más de 1.000 colombianos y ecuatorianos para trabajar en Irak. La compañía no estaba inscrita en Quito ni en las autoridades locales provisionales. ONGs informaron al grupo de trabajo de que la compañía estaba utilizando supuestamente a instructores chilenos y ex personal militar colombiano. Shippey escribió en un anuncio de promoción de su compañía que «estas fuerzas han estado combatiendo a terroristas desde hace 41 años y... han sido adiestradas por la marina de guerra y la DEA estadounidenses para dirigir operaciones antidroga y antiterroristas en las selvas y ríos de Colombia».

Otra virtud de sus mercenarios es que cobran considerablemente menos que sus homólogos estadounidenses. En julio de 2005 Shippey informó a «Los Angeles Times» de que «el Departamento de Estado de EEUU está actualmente muy interesado en ahorrar en seguridad. Como están bajando los precios, estamos buscando gente en el tercer mundo para cubrir los puestos».

A Adam Isacson, director de programas en el Centro de Política Internacional, le preocupan las historias que aún no han salido a la luz. Mencionó un informe sobre colombianos que trabajan en Irak para una filial de Blackwater USA, que les había quitado los billetes de vuelta desde que se quejaron porque sólo se les pagara 1.000 dólares mensuales después de que se les prometieran 4.000. Eran prácticamente rehenes.

«Era casi esclavitud», dijo Iscason. «Dios sabe cuántos casos más debe haber».

Tree, del Instituto de Estudios Políticos, alerta de que hay otras consecuencias que no podremos ver en años. Una de las más preocupantes es que esta gente puede aprovechar este adiestramiento para actividades criminales violentas. Un ejemplo de ello es la historia de los Zetas, un grupo de comandos paramilitares mexicanos adiestrados por las fuerzas especiales estadounidenses para combatir a bandas de narcotraficantes. Muchos miembros de este grupo trabajan actualmente para el tristemente célebre Cártel del Golfo, del que se cree que suministra cocaína a EEUU. «No adiestren a gente de la que no saben de qué lado estarán al final del día», dijo.

© Sin Permiso, artículo publicado en esta web.