Cuando las administraciones públicas abordan el fenómeno de la inmigración y establecen sus políticas, debieran mirar con atención a la ciudadanía. Porque, muy posiblemente, si hicieran caso a las impresiones mayoritarias de la población, no acabarían generando unas leyes y normas inspiradas en miedos y presuntas necesidades de control, como hacen ahora. La encuesta realizada por el Observatorio de la Inmigración Ikuspegi tiene el valor de ofrecer una fotografía de la realidad, en la que se aprecia que la sociedad vasca no considera que la inmigración suponga en sí una amenaza, que quiere que se ofrezca a la población inmigrante los recursos y servicios básicos y que piensa que la mejor manera de estar en esta sociedad por parte de los inmigrantes es asimilando la forma de vida del país que les acoge. Es el poso de claroscuros que han dejado unas políticas incapaces tanto de proteger los derechos de la población inmigrante como de ayudar a la población autóctona a prepararse y a adecuar las estructuras socio-económicas para recibir a unos ciudadanos que, pese a las barreras, seguirán haciendo uso de su derecho (necesidad) a elegir el lugar en el que vivir y trabajar.