En las cárceles españolas situadas en territorio vasco han muerto ya este año cuatro personas. Ayer se conoció el fallecimiento de un ciudadano colombiano en Langraitz, cuyo cadáver encontraron los funcionarios en el recuento de la mañana, y el de un ciudadano marroquí en el hospital de Basurto, donde estaba ingresado después de pedir acogimiento institucional por su situación de desamparo tras salir de la prisión de Basauri. Como en la mayoría de ocasiones en que fallecen personas que se encuentran bajo custodia de instituciones penitenciarias o policiales españolas, éstas alegan causas naturales en ambos fallecimientos. Pero poco hay de natural en la vida dentro de una prisión, por lo que difícilmente puede esperarse una evolución normal en una persona enferma que se encuentra encarcelada.

Desgraciadamente, lo sucedido en casos anteriores hace que no podamos esperar de las autoridades responsables de las prisiones de Basauri y Langraiz que realicen una investigación de las circunstancias en que se han producido estas dos muertes, y mucho menos que hagan públicas sus conclusiones. Nunca lo hacen, a pesar de que ello no hace sino abonar la impresión de que pretenden evitar asumir cualquier tipo de responsabilidad, porque, quieran asumirlo o no, en sus manos tienen las vidas de las personas que están a su cargo. Unas personas que, en un altísimo porcentaje, padecen enfermedades crónicas que se ven agravadas por las malas condiciones de las instalaciones penitenciarias, la falta de una higiene adecuada, el hacinamiento, el estrés que provocan los regímenes de incomunicación, la falta de una atención sanitaria adecuada...

La cárcel, además de no servir para su teórico objetivo de resocialización, es una máquina de crear personas enfermas, a las que, en lugar de dejar de forma inmediata la libertad para que puedan curarse en condiciones dignas, aplicando así la legalidad, mantienen en prisión hasta que se hace evidente que no podrán recuperarse y los excarcelan para morir.