La abogada Arantza Zulueta acusó a los magistrados de la Audiencia Nacional española de «despreciar sus propias leyes» y de actuar «de manera fraudulenta» en sus actuaciones contra el independentismo vasco. «Y tenemos datos para probar lo que decimos», agregó.

En una comparecencia en Hernani, la letrada se refirió en primer lugar al encarcelamiento del portavoz de Askatasuna, Juan Mari Olano, por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 del tribunal especial. «Garzón no es competente en este caso. Es la Sección Cuarta de la Sala de lo Pe- nal la que debe acreditar si hay reiteración delictiva o riesgo de fuga por parte de Juan Mari. Y en un auto afirma que no existe ni lo uno ni lo otro y resuelve mantenerle en libertad bajo fianza. Lo que hace Garzón es utilizar la manifestación del 9 de setiembre para encarcelarle, aunque esos hechos sean investigados por el Juzgado de Donostia. Tras su inhibición parcial, Garzón hace uso de unas diligencias que mantiene bajo secreto, que son nuevas para nosotros, y ordena su arresto. Pero hay que dejar claro que Olano está preso ilegalmente».

Zulueta destacó que ni siquiera la Sección Cuarta conoce el contenido de esas diligencias. «Por tanto, cabría hablar de investigación clandestina. Su actuación raya el delito. Adoptaremos las medidas oportunas», anunció. Preguntada sobre qué pasos piensan dar, respondió que «todas las vías judiciales que tengamos en la mano, además de la denuncia pública».

«Pero luego hacen fraude...»

En cuanto a la causa abierta contra Gestoras y Askatasuna, el sumario denominado 33/01, la abogada informó de que la suspensión de actividades dictada por el mismo juez contra ambas organizaciones ya no tiene validez. «En diciembre de 2001 decretó la ilicitud y suspensión de actividades de Gestoras, y en febrero de 2002 hizo lo mismo con Askatasuna. En primer lugar hay que decir que un juez, en la fase de instrucción, no puede declarar ilícito a un organismo; eso sólo puede hacerse por sentencia. Lo que sí puede es suspender actividades, por un periodo de cinco años como máximo. Pues bien, ese plazo ha expirado. Por tanto, no cabe hablar de situación de ilicitud».

Lo ocurrido es «más flagrante» en el caso de Askatasuna, «porque ni siquiera hubo un operativo, ni detenciones... Nada. Y cuando presentamos el recurso, no respondió; lo que hizo fue elevar la causa a la Sala».

Preguntada entonces por si esta organización podría llevar a cabo cuantas iniciativas considerara oportunas sin temer represalias policiales o judiciales, Zulueta manifestó que «por ley, jurídicamente, sí. Lo que pasa es que luego hacen fraude, como ha ocurrido con Olano».

Y volvió a valorar la labor de Garzón: «En este caso no hay chapuza, como decimos siempre. Hay algo más, y demuestra la responsabilidad que tiene la Audiencia Nacional en la represión y la imposición política».

«Esto es un escándalo político»

«Estamos ante un escándalo político». Con esa frase resumió el miembro de Askatasuna Julen Larrinaga la situación expuesta por Zulueta. Y sentenció que en las causas contra la izquierda abertzale «no hay decisiones judiciales; lo que hay son decisiones políticas siempre enmarcadas en la estrategia represiva».

«Lo que ocurre es simple: primero hay un ánimo de reprimir, y luego un pasar a limpio de los jueces de esas decisiones adoptadas por la Policía o el Ministerio de Interior. Así se da un aspecto de legalidad», denunció.

Larrinaga advirtió que en los últimos tiempos las actuaciones represivas se han incrementado. «Esto ocurre en un contexto de ruptura del proceso y sobre dos ejes: las alianzas políticas entre los partidos vascos de cara al futuro y la propia represión. Y creemos que responde a un diseño pactado entre PNV y PSOE de cara a un fraude, como el de hace 30 años. Estamos como entonces: se plantea un cierre en falso del conflicto con simples reformas estatutarias para Nafarroa y la CAV, y para aquellos que disienten de eso y salen a la calle, represión. Es un esquema de fraude y represión cubierto de impunidad», consideró.