Dos juezas-estrella y doscientos agentes armados. Una operación marcadamente mediática, con el resultado de quince personas detenidas en base a un más que difuso argumentario judicial. El ataque sufrido por el estableci- miento hotelero de lujo de Alain Ducasse en Bidarrai sirvió de pantalla para una razzia policial que tiene un fuerte componente político. En un balance todavía provisional, ya que cinco detenidos han sido encarcelados a la espera de que se proceda mañana a su traslado a París, la operación arroja un saldo de ocho personas puestas en libertad y de dos arrestados enviados a prisión tras serles comunicadas sendas euroórdenes que, por descontado, no guardan relación alguna con el dossier Ducasse. La operación, en todo caso, sí ha servido para que, con el apoyo de algunos medios de comunicación, se trate de otorgar un carácter delictivo a la labor que, de forma pública, desarrollan militantes abertzales en diversas organizaciones políticas y sociales de Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi. El fuerte sabor electoral con que arranca el nuevo curso político contribuye a remarcar todavía más si cabe el interés de hostigar al independentismo que concurre en una operación policial en la que se han registrado domicilios de personas para las que no existía orden inicial de arresto, y se ha detenido a familiares y hasta a un menor de edad con el exclusivo propósito de ampliar la dimensión y el eco del operativo policial. En algunos casos ese exceso manifiesto en el comportamiento policial ha llevado a ciudadanos y colectivos poco sospechosos de compartir las ideas independentistas a mostrar su malestar ante la ocupación durante varios días de las calles de Donibane-Garazi mientras se sucedían los registros del bar Kalaka, al que se han vinculado laboralmente algunos de los detenidos.

El contexto político en que se producen actuaciones como la reseñada no es, como se ha dicho, casual. La próxima primavera se celebrarán elecciones municipales y en la campaña ya cercana tomarán fuerza argumentos como los de la denuncia de la especulación inmobiliaria o la utilización del territorio para infraes- tructuras que ponen en peligro el equilibrio ecológico y amenazan la forma de vida de los ciudadanos. Buena parte de las personas que han sido objeto de esta operación son conocidas por su trabajo en ese ámbito de la denuncia social y de la movilización ciudadana, lo que lleva a pensar que se busca cortar las alas a todas aquellas formas de protesta que, desde ámbitos diversos, ponen en cuestión de un modo u otro el modelo político de negación que aplica el Estado francés en Zuberoa, Nafarroa Beherea y Lapurdi. París trata de amedrentar no ya a los militantes independentistas, sino a todos quienes muestran de forma activa su rechazo a un sistema que excluye a amplios sectores de la población de derechos básicos como la vivienda o el empleo digno; a un Estado que trata de reducir el derecho de participación ciudadana en la vida pública al mero acto electoral.

La decisión de la ciudadanía

La respuesta de París a las demandas de Euskal Herria, incluso a las que tienen encaje en su esquema administrativo, incluso a las que abordan sólo necesidades sectoriales, ha sido siempre la negación. Sin embargo, ello no ha conducido, como esperaban las autoridades francesas, a una desactivación de los sectores que reclaman el respeto a Euskal Herria. Más bien, ese veto ha abierto paso a un nuevo camino en el que se ponen sobre la mesa no ya una serie de reclamaciones en el orden de la economía o la educación, sino la necesidad de un marco político que respete el derecho a que los vascos decidan sobre todas las materias que afectan a su futuro. Agotada la vía infructuosa de la reclamación departamental, se abre paso una iniciativa política que pasa por dotar al país de las herramientas precisas para construirse en los diferentes ámbitos y que, como se demostró en el referéndum sobre el Tratado Constitucional Europeo o en las últimas elecciones presidenciales y legislativas, es capaz de sumar voluntades, más allá de las diferencias de siglas, también en el ámbito electoral.

La implicación activa de la izquierda abertzale en el logro de ese escenario democrático que deje atrás un modelo basado en la supremacía de la fuerza y permita que los ciudadanos puedan participar en igualdad de condiciones en la vida política es vista, desde una óptica compartida por los estados español y francés, como un desafío mayor al que sólo aciertan a responder por la vía de la disuasión policial. Esa estrategia, con no ser nueva, adquiere una significación especial en un contexto de ruptura de un proceso de negociación. Los estados, que por lo demás nunca renunciaron al ejercicio de la violencia contra los vascos, aprietan el acelerador policial tras la decisión de ETA de poner fin a un alto el fuego de 15 meses, periodo en el que se avanzó como nunca antes en el intercambio político para la búsqueda de un acuerdo resolutivo que permitiera a este país abrirse a un horizonte nuevo. La clave de esa búsqueda se situó en garantizar a la ciudadanía vasca el derecho a decidir, lo que pasaba y pasa inevitablemente por habilitar un marco político auténticamente democrático en el que puedan materializarse todos los proyectos con el único límite de la voluntad de la ciudadanía vasca.

Buena parte de ese capital político acumulado en dos años de trabajo intenso se reivindica en la propuesta lanzada por Juan José Ibarretxe el viernes desde el Parlamento de Gasteiz. Cosa diferente es el fin que se pretenda dar al citado capital. Son muchos los que perciben tics de regreso al escenario de 2005, aunque hay algunas cuestiones que marcan la diferencia. En el discurso del lehendakari se echó en falta un enunciado que ahondara en el preámbulo del plan aprobado por la Cámara de Gasteiz, una formulación que situara a Euskal Herria como el sujeto de la decisión. De la actuación de Ibarretxe dependerá que se disipen o se corroboren las poderosas dudas que, dada la actitud exhibida por su partido en el reciente proceso negociador, planean sobre el alcance y virtualidad de su iniciativa.