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Javier Ramos Sánchez Jurista

Hipocresía y doble moral

Todo el mundo se ha arrogado la exclusiva del sufrimiento para su caso particular y la correspondiente vara de impartir justicia

La Audiencia Provincial de Barcelona emitió un Auto, poco antes de la salida de prisión del recluso José Rodríguez Salvador, para decir algo obvio: que no se puede alargar una condena a alguien más allá de la de le impuso un órgano jurisdiccional en su día, en aplicación precisamente de la normativa penal entonces vigente. Pura y simple seguridad jurídica.

Lo que resulta extraño, casi aberrante, es que se pretenda lo contrario, obligar a permanecer más tiempo en prisión a una persona con el singular «argumento» de que no se encuentra «rehabilitada». El solo hecho de que ciertos estamentos sociales, avalados por una fiscalía más atenta al pulso político que a la estricta exégesis jurídica, abonen tan peregrina pretensión tan solo muestra el grado de hipocresía social alcanzado y en el que se ha sumido al Derecho Penal.

Como si los demás reclusos salieran de prisión «reinsertados». Qué poca vergüenza. Y cuánta sumisión a esos lobbys constituidos en ONG, creados para que determinados presos se pudran en la cárcel. Los hay contra los narcotraficantes, contra los violadores, contra los maltratadores, contra los causantes de muertes en carretera, contra los presos de ETA... todo el mundo se ha arrogado la exclusiva del sufrimiento para su caso particular y la correspondiente vara de impartir justicia. Y, claro, qué poco le cuesta al poder satisfacer demagógicamente las pretensiones de la opinión publicada (que no pública). Como las elecciones están a la vuelta de la esquina...

Otras organizaciones se crean ex profeso para «reinsertar» a aquellos que se dejan. Las hay que luchan contra la drogadicción, contra el maltrato doméstico, contra las agresiones sexuales, contra cualquier cosa... que dé dinero, por supuesto. Es la «seguridad» y la «reinserción» el negocio del siglo, como bien saben los estadounidenses que, por ello, tienen entre rejas a cerca de 2.500.000 ciudadanos. Y para albergar a tan ingente personal nada mejor que las prisiones privadas a la carta. Un nuevo nicho de «puestos de trabajo» y de mano de obra barata engrilletada.

Mientras unas abogan por la reinserción -que es su negocio- otras exigen el cumplimiento íntegro de las condenas -el otro gran negocio, por supuesto-. Para ello hay que construir más prisiones, más grandes. Claro que luego ocurre que si es el hijo de uno el que ha delinquido, aquellos que bramaban por la seguridad en las calles solicitan ahora una oportunidad porque, en su caso, evidentemente, se trata de un buen chico que se juntó con malas compañías. Ya se sabe.

Unas madres solicitan la castración química para los agresores sexuales. Otras madres acuden a diario a la prisión a visitar a su querido hijo, violador, eso sí. Hay organizaciones que promueven el cierre de las prisiones salvo, claro está, para el asesino de su hermana. Otras «viven» de su existencia: construcción y seguridad, tratamiento de toxicomanías, inserción laboral en el exterior... cientos de millones de euros al año promueve la actividad penitenciaria. En el Estado español la cifra de reclusos supera ya los 65.000. Por cada 100.000 habitantes 150 personas. La cifra más alta tras el Reino Unido.

El índice de delincuencia, paradójicamente, es bastante bajo comparado con su entorno. En Euskal Herria, según datos del año pasado, la delincuencia ha descendido hasta los 35,5 delitos por cada 1000 habitantes y se sitúa por debajo de la media estatal (49), y no digamos de la europea (69). De donde esa tendencia a criminalizar emprendida por el Gobierno del PP y seguida con fruición por el actual no tiene más objetivo que crear «ambiente» para vender «reformas legales de las últimas reformas», más policía y más negocio de ONG a la caza de subvenciones.

Y mientras a algunos presos se les alargan sus condenas, ilegítimamente, al amparo de doctrinas creadas ad hoc, una sociedad adormecida e hipócrita sigue «instruyéndose» en el último programa-basura de televisión sobre las últimas medidas que el Gobierno va a aprobar para garantizar su seguridad. La del Gobierno, naturalmente, no la de los adocenados ciudadanos.

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