El presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, tiene asegurada su reelección hoy, ocho años después del golpe de estado que le llevó al poder, pero no podrá ser proclamado inmediatamente en virtud de una salomónica decisión judicial.

En un veredicto inesperado, el Tribunal Supremo autorizó ayer la elección presidencial pero prohibió proclamar al vendedor antes de que decida sobre los rescursos de la oposición contra la candidatura del todavía jefe del Ejército paquistaní. Y sus audiencias no comenzarán hasta el 17 de octubre.

El general golpista está seguro de ganar hoy, toda vez que la elección presidencial es mediante sufragio indirecto del Parlamento y de las Asambleas Provinciales, donde sus adeptos tienen mayoría holgada.

Su verdadero reto son las elecciones legislativas previstas a principios de 2008, con sufragio universal directo. El régimen paquistaní afronta una creciente y masiva contestación popular.

Es en este contexto en el que el jefe del Estado firmó ayer un decreto presidencial por el que otorga la amnistía a la ex primer ministra Benazir Bhutto, condenada por delitos de corrupción, abriendo así la vía a un reparto de poder y a una alianza con el PPP de Bhutto para las legislativas.

La amnistía no cubre al también ex primer ministro Nawaz Sharif, derrocado por el golpe de estado de Musharraf y condenado también por corrupción. Sharif intentó regresar de su exilio el pasado 10 de setiembre pero fue deportado en un avión a Arabia Saudí.

Del agrado de EEUU

El acuerdo Musharraf-Bhutto ha sido impulsado sin ambages por EEUU, ansioso de un «plan de transición» que le permita mantener a Pakistán como aliado en su «guerra al terror».

Los jueces justificaron su retraso en decidir los recursos recordando que no reanudan sus vistas hasta el primer día laborable tras el Ramadan, que culmina a mediados de mes.

El fiscal general, Malik Qayysum, aseguró que el Supremo habría rechazado casi todos los argumentos de la oposición y que «lo que queda es un simple formalismo». Por contra, la acusación insiste en que el Supremo se ha limitado hasta ahora a aducir fallos técnicos para evitar pronunciarse sobre sus recursos y recuerda que cuatro de los diez jueces de la sala ya han dictaminado contra Musharraf en recursos anteriores.

La oposición insiste en que la Constitución exige a Musharraf renunciar a la jefatura del Ejército antes de la elección presidencial. Por contra, el presidente se ha limitado a prometer que lo hará, pero sólo una vez haya sido reelegido. La oposición incide a su vez en que el futuro presidente debe ser elegido por el Parlamento y las asambleas surgidas de las elecciones de 2008 y no por las cámaras salientes. 200 de sus 1.200 integrantes boicotean la elección de hoy.

El Supremo deberá decidir sobre estas dos cuestiones.