Hay diferentes embudos que se imponen en este país. La Constitución española, por ejemplo, constriñe con un embudo cualquier planteamiento político, por escrupulosamente democrático que éste sea, para salir por el otro lado cepillado, desnaturalizado, liquidado.

Otro más se utiliza para interpretar las expresiones de violencia que impregnan la vida política vasca. Ese embudo define el marco de disfrute -o vulneración- de derechos humanos y libertades públicas con un «ancho para mí, estrecho para ti». En el ámbito de los expertos de derechos humanos ese principio se denomina el «doble estándar» y presenta dos vertientes. Por un lado, supone equiparar fenómenos que no son equiparables, por ser de diferente naturaleza. Por otro lado, supone dar diferente tratamiento a fenómenos semejantes.

Del primer embudo se habla mucho -aunque nunca sea demasiado-. Fijémonos en el segundo y situémoslo en torno a dos acontecimientos ocurridos en los últimos días.

En el discurso de Juan José Ibarretxe del pasado viernes 28 de septiembre -discurso que no dejó indiferente a nadie-, sí pasó más inadvertido el hecho de que desgranara varios de los elementos que una semana después han saltado a la luz pública con la Ponencia sobre Víctimas del Terrorismo. Allí ya dejaba claro que el planteamiento de «defensa de todos los derechos humanos, sin equidistancias y sin exclusiones» que profesa es reconocidamente desequilibrado, es parcial y es, en definitiva, un embudo. Veámoslo.

Mientras el lehendakari de la CAV mencionó siete veces la solidaridad con las víctimas del terrorismo, sólo se refirió en una ocasión a la tortura. No lo hizo para expresar su proximidad o apoyo con quienes la han sufrido, sino como arma arrojadiza. Decía que «no se puedeN reclamar los derechos de las personas detenidas pero callar ante los atentados de ETA» y consideró además que ésta era una «estrategia fracasada».

Es lógico que Ibarretxe cargue contra esta demanda, porque su propio gobierno tiene responsabilidades en la vulneración de los derechos básicos de las personas detenidas -brutalidad policial, tortura, dispersión...- y porque aquellos que han sufrido esa violencia y que sólo reclaman los derechos que los instrumentos internacionales les otorgan -Reconocimiento, Reparación, Rehabilitación y Garantía de no Repetición, las cuatro «R» famosas- son el eslabón más débil en esta cadena de violencias. Porque, ¿alguien se imagina que, en el otro sentido, traslade a las víctimas de ETA la responsabilidad de la tortura o que les obligue a condenar las innumerables veces que el Estado español ha transgredido los derechos humanos en su lucha antiterrorista? ¡Oh, no, eso es impensable!

Mientras se niegan esas cuatro «R», que la legislación internacional de derechos humanos otorga a las víctimas de esas vulneraciones, las instituciones españolas han hecho esfuerzos ingentes para proporcionar a las víctimas del terrorismo lo que Ibarretxe enumeró como «Memoria, Dignidad, Justicia y Respeto». Además de declaraciones y reconocimientos institucionales y subvenciones, el Estado español ha puesto a su disposición un sistema judicial presidido por la Audiencia Nacional, que, aunque de ínfima calidad jurídica y sin entrar ahora a las graves vulneraciones de los derechos humanos de que es responsable este tribunal, ha servido para otorgar a las víctimas de ETA un instrumento de justicia limítrofe con la venganza. Esto no se puede comparar con el microscópico apoyo que se confiere a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos que el propio Estado ha generado. Es cierto, el Gobierno de la CAV ha diseñado un plan presuntamente integral en el que da cuerpo a esta demanda. Es cierto asimismo que ese plan está vacío de contenido. ¿CuÁl es la aproximación que han hecho las instituciones vascas hacia las personas que han sufrido el terrorismo de Estado, la violencia estatal, la vulneración de las libertades públicas básicas que el Estado español firma, ratifica y asegura salvaguardar ante los órganos internacionales? El «doble estándar» que se emplea es evidente.

Precisamente, cuando se escriben estas líneas se mantiene abierta la operación contra los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna basada única y exclusivamente en su actividad política. No nos engañemos, señor Urkullu; se utilizarán disculpas y argumentos pseudo-jurídicos, pero más allá de las declaraciones que justifiquen atacar una opinión y actuación escrupulosamente política, no habrá en esta operación «fundamentos ajustados a derecho», como ustedes han reclamado. No generará «victimismo entre los arrestados», señor Llamazares; de hecho genera víctimas reales de la conculcación del derecho a pensar y decir lo que se piensa. Es un escándalo intolerable y no hay otra forma de interpretarlo.

La situación del derecho a la libertad de expresión y de opinión en este país está por los suelos, enlodazada en un discurso obsceno de «lucha antiterrorista». Tras el proceso abierto con la detención de la anterior Mesa Nacional en el año 1997 y con inusitada beligerancia tras la línea abierta por el juez responsable de esta operación a partir del año 1998, se abre la veda para la clausura de medios de comunicación, cierre de persianas de partidos, suspensión de actividades políticas, sociales y culturales. Y con independencia de los principios procesales que se transgredan, de la legalidad o ilegalidad con que se ejecuten estas operaciones policiales, aparte de los «fundamentos de derecho», lo que queda es una política de persecución y de acoso a las ideas. Y aunque se sigue utilizando la policía y el sistema jurídico para la venganza y como válvula de escape frente a coyunturas políticas, quiero subrayar que esta actuación represiva no queda al margen de los ojos de observadores internacionales y de los diferentes mecanismos e instrumentos de derechos humanos.

Esta semana se presentaba una delegación internacional que visita Euskal Herria para evaluar de primera mano la situación actual, tras el fracaso del proceso de negociación denominado «de Loiola». Tal vez deberían saber que el Relator Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, tras cotejar la ingente información que se acumulaba en su despacho sobre la dinámica vulneradora desarrollada en el Estado español, decidió tomar cartas en el asunto y solicitó en el año 2005 permiso a las autoridades españolas para realizar una visita y conocer in situ la realidad. El Gobierno, en una decisión sin precedentes en el ámbito diplomático al que me refiero, contestó a la máxima institución para velar por la libertad de expresión del sistema de Naciones Unidas que no, que denegaba su petición de entrada en territorio español. Los efectos de esta decisión, denunciados por el propio relator en un informe remitido a la Comisión de Derechos Humanos, son gravísimos. El Estado español desautoriza a las propias Naciones Unidas y muestra al mundo lo que pretende esconder: que es responsable de una situación asfixiante de restricción de libertades públicas.

De ese modo, al relator, Sr. Ambeyi Ligabo, también se le impuso un embudo prohibiendo su entrada para evaluar la situación de libertad de expresión en el Estado español. Un embudo en la boca.