La presidencia de turno de la Unión hizo público ayer el nuevo tratado que deberá reemplazar al tratado constitucional, un texto sólo apto para juristas que deberá ser aprobado en la cumbre de Lisboa del 18 y 19 de octubre una vez que se despejen las últimas dificultades políticas.

Con 256 páginas, el futuro «Tratado de Lisboa» se compone de un preámbulo, del tratado en sí mismo y de una miríada de protocolos y declaraciones que reflejan las concesiones a los distintos estados para lograr un acuerdo

El texto es el fruto del trabajo de 27 juristas, que han puesto sobre el papel el compromiso dolorosamente logrado por los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre alemana de junio.

Los expertos han eliminado una a una las dificultades, la última la derogación exigida por Gran Bretaña en materia de cooperación policial y judicial.

Londres ha logrado que la Corte Europea de Justicia no pueda condenar antes de 2014 a estados que, por ejemplo, apliquen mal el mandato de arresto europeo.

Los expertos han dejado de lado ciertos «problemas», que seguirán siendo debatidos. Polonia insiste en incluir la «cláusula de Ioannina», que permitiría que países en minoría bloquearan temporalmente una decisión, siempre para compensar su pérdida de peso relativo en el nuevo sistema de voto.

Por su parte, Italia se opone al nuevo reparto de escaños en el Parlamento de Estrasburgo, que pasará de 785 a 750 asientos a partir de 2009. Según la propuesta actual, Roma perdería seis escaños, contra cuatro de París y cinco británicos, lo que acabarían con la tradicional paridad numérica entre los parlamentarios de los tres países.