ATAQUE A LA IZQUIERDA ABERTZALE
El PSOE dice que «quien la hace, la paga» mientras el Gobierno se lava las manos
«El que la hace, la paga». Con esta frase, utilizada por él mismo en redadas anteriores como la realizada contra Jarrai-Haika Segi, defendió la operación el portavoz del PSOE en el Congreso Diego López Garrido. Mientras, el Gobierno de Zapatero trataba de lavarse la cara.
GARA | MADRID
Como cabía prever, el Ejecutivo del PSOE se sacudió de encima cualquier responsabilidad en la macrorredada y situó la pelota en el tejado de los tribunales, pese a que todas las detenciones se ordenaron con el apoyo expreso de la Fiscalía. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se atuvo al guión habitual después de la reunión semanal del Consejo de Ministros y trató de presentar como «normal» lo ocurrido. Sin embargo, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, puso de relieve la intencionalidad de la operación con una frase: «El que la hace, la paga».
Diego López Garrido ya usó esa misma expresión cuando la Audiencia Nacional impulsó una de sus redadas contra jóvenes vascos, en el marco del sumario contra Jarrai, Haika y Segi. «Las leyes y las sentencias se cumplen, y quien la hace, la paga -argumentó ayer-. El Estado de Derecho ha funcionado como siempre, aplicando la ley y al tiempo preservando los derechos que la Constitución garantiza para toda persona», indicó López Garrido.
Desde el PSE se empleó otro tono en la valoración, aunque el fondo resultara similar. Rodolfo Ares, portavoz de la Ejecutiva, mostró «respeto» por la acción ordenada desde la Audiencia Nacional.
Ares, que se sentó con la comisión negociadora de la izquierda abertzale en público el 6 de julio del pasado año -y muchas otras veces en privado-, argumentó ayer que «quien quiere hacer política en Euskadi tiene que hacerlo respetando las reglas del juego y la legalidad».
En declaraciones a Radio Nacional de España, Ares admitió implícitamente la gravedad de la decisión al lanzar «un mensaje de serenidad y tranquilidad» a la sociedad vasca y española.
En este mismo contexto, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Fernández de la Vega fue interpelada sobre si temen un atentado de ETA tras esta operación policial. Respondió que las FSE están preparadas para «combatirlo» y apostilló que ETA «siempre está dispuesta a organizar un atentado», por lo que propuso no especular al respecto.
Al contrario que López Garrido, Fernández de la Vega trató de distanciar al Gobierno de la operación y la situó como una muestra del funcionamiento «normal» del Estado, y en concreto de la Justicia.
«No buscar argumentos»
A la vicepresidenta se le pusieron sobre la mesa las declaraciones realizadas poco antes por el consejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, que advirtió una clara «oportunidad política» en la decisión de actuar contra la dirección de la izquierda abertzale. Pero De la Vega fue un frontón: «No hay que buscar argumentos», respondió.
Tampoco se posicionó sobre la opción de que a partir de ahora se actúe también contra partidos legales como EHAK o ANV. «Se actuará cuando la Fiscalía considere que hay elementos suficientes», indicó, en la línea habitual. El mutismo de la vicepresidenta fue secundado por otros miembros del Gobierno. Ninguno de ellos valoró esta operación.
Desde el PP, por su parte, se recibió con alborozo la noticia, aunque muchos portavoces estimaron que llega tarde.
El Gobierno de Lakua no mostró una voz única ante la operación contra la izquierda abertzale. En teoría, el portavoz oficial de su posición era el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA, que habló desde el Parlamento de decisión «política». Sin embargo, su compañero de gabinete el consejero de Interior, Javier Balza, valoró la redada en el mismo lugar como «congruente con la línea jurídica construida por la Audiencia Nacional». Juan José Ibarretxe, por su parte, no hizo declaración alguna.
Azkarraga compareció con rictus serio en la Sala de Prensa del Parlamento de Gasteiz, donde se celebraba el pleno monográfico sobre víctimas de ETA, para trasladar la valoración oficial del Ejecutivo. Recurrió a la expresión «impulso político», utilizada ya en casos anteriores equiparables a éste.
Tras manifestar su «honda preocupación» por la posición del fiscal, Azkarraga se anticipó a la declaración del Gobierno español apuntando que «es una hipocresía política considerar normal que se persiga a dirigentes de la denominada izquierda abertzale cuando todavía en el mes de mayo de este año representantes del PSOE y del Gobierno se reunieron con ellos para hablar del futuro de nuestro país».
Así las cosas, el consejero de EA instó al Gobierno a «explicar esta contradicción en lugar de ampararse en una legalidad que ellos mismos han burlado».
Cuestionó además el momento en que se produce esta macrooperación. En opinión del Ejecutivo de Lakua, «la oportunidad política es evidente». «Una vez más, la Audiencia Nacional se pone al servicio de intereses ajenos a la independencia que se debe suponer a todo órgano judicial», criticó Joseba Azkarraga en su alocución a los medios.
Tuvo palabras también para el juez Baltasar Garzón, de quien dijo que «ha transformado en delictiva una actividad política. La pregunta que nos hacemos es hasta cuándo piensa este juez instructor prolongar sus supuestas investigaciones sin cerrar esta causa». Como lectura general, Azkarraga apuntó que «la aplicación del ordenamiento jurídico penal por parte de algunos jueces y la permisividad garantista de los controles judiciales han llevado a esta situación en la que `todo es ETA' como único título jurídico y sirve, según la coyuntura política, para detener de forma masiva».
La «permisividad» a la que aludía Joseba Azkarraga tuvo reflejo precisamente en boca de su compañero de gobierno, Javier Balza, que justificó la orden de Garzón como «congruente». En una entrevista a la Cadena Ser, confirmó que la Ertzaintza fue informada de la redada una hora antes de que se pusiera en marcha y lo enmarcó en la suspensión de Batasuna. «Si ahora hay una reunión de refundación del partido, las detenciones entran dentro de esa construcción teórica de Garzón», dijo. Balza matizó únicamente que «no podemos obviar que esto tiene una contestación altísima en la sociedad vasca» y que «detener a toda la representación de un porcentaje alto de los vascos puede hacer perder vías de interlocución o contactos».
Por su parte, Nafarroa Bai calificó las detenciones como «un hecho gravísimo y antidemocrático, además de no contribuir a la normalización y a la pacificación social». «No tiene justificación ni es de recibo calificar como delito una reunión de determinadas personas desarmadas para hablar y concertar cuestiones políticas», precisó en un comunicado en el que habló de «actitud ideológicamente pervertida y miserable».
