Los dos primeros arrestados en esta última entrega de la operación lanzada por el Estado español contra el independentismo vasco fueron enviados ayer a prisión. Oihana Agirre y Joseba Alvarez fueron detenidos el martes y han permanecido desde entonces en situación de incomunicación, en una medida, por desgracia, habitual, que responde a necesidades policiales y que, como se ha demostrado en este caso, tiene el sentido de engordar los operativos con más detenciones.

A su vez, los otros 23 independentistas -en su mayoría mahaikides- arrestados en el marco de la reunión que mantenía la izquierda abertzale en Segura seguían ayer incomunicados en dependencias de la Policía española. El juez Baltasar Garzón se sirve del sumario 35/02 para justificar una acometida contra la izquierda abertzale que, como todas las que le han precedido en el tiempo, se cimenta sobre los intereses políticos que guían a los gobiernos españoles en cada momento con respecto a Euskal Herria. El componente de venganza política se hace más visible en este caso porque autorizadas voces del Gobierno español y medios de prensa afines han lanzado repetidos mensajes para advertir de que, el final del alto el fuego permanente de ETA, tendría cumplida respuesta por parte de un Estado para el que la división de poderes es desde hace años un principio democrático del todo prescindible. Sin embargo, no convendría olvidar que esa amenaza se trabaja, se cultiva, con aportaciones destacadas como las de Josu Jon Imaz cuando remarcó hasta la saciedad que si Batasuna no hacía lo apetecido debería prescindirse de sus representantes como interlocutores, o cuando los socios del tripartito y sus antenas mediáticas, públicas y privadas, se prodigan en hablar de tutelas y subordinaciones a ETA de los representantes de la izquierda abertzale.

Latiguillos que avalan la justicia de excepción

Las múltiples operaciones desarrolladas en este país en la última década contra sectores conocidos por su labor en favor del reconocimiento de Euskal Herria ponen de manifiesto que detenerse a analizar los pormenores jurídicos de casos como el que nos ocupa resulta una labor cada día más baldía, toda vez que los principios básicos del derecho están desde hace tiempo ausentes de los razonamientos presuntamente jurídicos que se escriben en la Audiencia Nacional española. Por ello, resulta del todo insoportable que representantes políticos e institucionales se escuden todavía hoy en los mensajes tendentes a reclamar «respeto a las garantías procesales» o postulen la debida prudencia «a la espera de ver en qué queda el caso», cuando la portavoz del Gobierno de Lakua, Miren Azkarate, no se priva en hacer juicios previos y en atribuir condenas si de lo que se trata es de valorar los daños en un cajero automático.

¿Qué dificultades tienen los líderes de partidos y los cargos institucionales con que cuenta este país para verbalizar lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca al respecto de que se detenga a personas que han aparecido una y mil veces ante la ciudadanía ejerciendo labores propias de su condición de militantes políticos? ¿Tiene alguna duda Patxi López del papel político de las tres personas de la comisión negociadora de la izquierda abertzale que se sentaron con él en una mesa y cree que deben ser privadas de libertad por no aceptar el `contraproceso' planeado por los dirigentes de su partido en Madrid? ¿Qué explica la falta de acción de los socios de Lakua cuando se trata de amparar los derechos de interlocutores políticos abertzales y su nulo reparo político a la hora de pactar -ayer en el pleno de Gasteiz- con el partido que los encarcela y hasta con el PP?

Es sencillo remarcar los impulsos que llevan al presidente español a convertir a líderes independentistas en «trofeo de caza». Más difíciles de descifrar son los impulsos que llevan a algunos agentes vascos a guardar distancias hacia la demanda social mayoritaria de construir un escenario democrático en Euskal Herria.