En una comparecencia realizada en Donostia, el secretario general de LAB, Rafa Díez, calificó las actuaciones policiales como «totalmente arbitrarias, con un impulso político claro» y añadió que las mismas «nos sitúan en modelos político-policiales propios del fascismo o regímenes totalitarios. Nos encontramos con actuaciones -añadió Diez- que pretenden cortocircuitar y condicionar la posición de la izquierda abertzale en el debate político, en una coyuntura política donde está en juego el carácter y contenidos del cambio político que necesita este país para alcanzar un escenario democrático, un escenario de solución al conflicto».

El sindicato abertzale entiende que las 23 detenciones «son una actuación contra la izquierda abertzale, pero también una actuación contra las soluciones políticas, contra los sectores que exigen un futuro desde el reconocimiento nacional de Euskal Herria y el respeto a su voluntad democrática» y añadió que «la dinámica represiva pretende castigar a la izquierda abertzale y condicionar el debate y la coyuntura política».

Desde esta consideración, añadieron los dirigentes de LAB, «denunciamos estas detenciones, denunciamos esta persecución político-judicial y entendemos que la sociedad vasca debe movilizarse ante las mismas».

Además de llamar a participar en las movilizaciones que se plantean estos días en los pueblos de Euskal Herria, LAB realizará el próximo jueves, día 11, una jornada de sensibilización y movilización -concentraciones- en las empresas, bajo el lema ``Errepresiorik ez! Euskal Herriak hitza eta erabakia!''. Asimismo, LAB entiende que es necesaria «una respuesta más amplia de sectores políticos, sindicales y sociales contra estas detenciones, contra esta persecución política y en demanda de soluciones políticas desde el reconocimiento y respeto a Euskal Herria».

Por otra parte, ANV manifestó en una nota su rechazo «al intento de `descabezamiento' de la izquierda abertzale» y añadió que con estas detenciones «queda al descubierto la gran mentira de que en España se podían defender todas las ideas por vías pacíficas».

Valora la formación ekintzale que «los españoles jamás han dejado una colonia por vías pacíficas o de negociación» y sostiene que «ante la lucha institucional y de masas desarrollada por el sector independentista del pueblo vasco, España responde con represión policial y judicial; encierran a un independentista aunque sólo sea porque está asando sardinas».

ANV rechaza «estos coletazos del fascismo español» y pide «a la ciudadanía, en general, que secunde las propuestas y convocatorias que surjan».

Udalbiltza también manifestó su denuncia «por los ataques y detenciones de los últimos días», toda vez que exigió que «finalicen las agresiones contra ciudadanos vascos», así como la libertad de los detenidos. Lo mismo hizo Segi, que llamó a acudir a las movilizaciones.

«Jugar con responsabilidad»

Tal y como señala Udalbiltza, «mientras la mayoría de este pueblo quiere ser dueña de sus derechos y está por la solución al conflicto, los gobiernos español y francés han optado por la represión y la prolongación del mismo. Llamamos a ambos gobiernos -añadieron- para que jueguen con responsabilidad política y dejen de conculcar derechos de los ciudadanos vascos, respetando su voluntad y su decisión».

La asociación de abogados de Euskal Herria Eskubideak denunció «la utilización de la potestad jurisdiccional con fines exclusivamente políticos, así como «la vuelta en Euskal Herria a la aplicación de un Estado de Excepción ¯no declarado- en total sintonía con el que ya desplegara el gobierno del PP».

Constata Eskubideak en este contexto «una flagrante limitación y anulación de derechos fundamentales, como los de reunión, manifestación, participación en asuntos públicos o libertad de expresión» y valora, además, que «esta política represiva va dirigida principalmente contra el sector independentista de la ciudadanía vasca, y socava el sistema de derechos y libertades fundamentales».

Eskubideak rechaza «el uso y abuso de medidas procedimentales excepcionales en los procedimientos judiciales contra sectores sociales y políticos disidentes», toda vez que constatan «la más absoluta imposibilidad de ejercer una defensa jurídica en condiciones, por la inexistencia de actividades delictivas y por encontrarnos únicamente ante acusaciones de naturaleza ideológica».