«Si estuviese en nuestras manos cerraríamos San Marcos mañana». Así se manifestaron el presidente y el vicepresidente de la Mancomunidad, Ricardo Ortega (EB) e Imanol Azpiroz (ANV), ante la insistencia de algunos periodistas sobre la fecha del cierre del vertedero. Precisaron que «si no se han dejado de verter los residuos de la mancomunidad en el vertedero de San Marcos el día 1 de octubre no es en absoluto responsabilidad de la nueva mancomunidad». A su parecer, el peso recae sobre «los responsables de los vertederos de Lapatx, Sasieta y Urteta, y del presidente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, Luis Mari Oyarbide».

En opinión de Ortega y Azpiroz el objetivo principal de la actual polémica «continúa siendo la construcción de una planta incineradora, no dar solución al problema de los residuos en una forma lo más racional posible». Ortega manifestó que para la consecución de este objetivo «todo vale: las mentiras, la manipulación de datos, incluso la vulneración de la normativa legal».

Así, explicaron que aunque en este momento se hable mucho del 1 de octubre, como del día en el que el vertedero situado en Errenteria debía cerrar sus puertas, anteriormente también «se han realizado promesas similares, sabiendo a ciencia cierta que no se iban a cumplir». «Para cerrar un vertedero hace falta cumplir un expediente administrativo previo, que no se ha realizado. En dicho expediente se debe reunir el proyecto de clausura del vertedero, así como la alternativa a los residuos que se están llevando allí hasta la fecha». Esta condición fue puesta en conocimiento de los miembros de la anterior Junta, según afirmaron en la rueda prensa, haciendo alusión a las actas de las juntas. «Lo único que ha habido hasta el momento es un acuerdo formal de posicionamiento político o declaración de voluntad», matizaron.

«Gestión equivocada»

Ante estos hechos, los representantes de la actual junta expresaron su «apuesta firme para intentar que el cierre definitivo de San Marcos sea una realidad en el menor espacio de tiempo». Y es que, en su opinión, este vertedero «es un fiel reflejo de una gestión equivocada de la basura llevada durante muchos años». Por esta razón, reafirmaron que van a «intentar dar un cambio a dicha gestión», para lo que consideraron imprescindible contar con la ayuda de todos.

Estos últimos días también se ha hablado, y mucho, sobre el porcentaje de basura que se transportaba de San Marcos a otros vertederos. En torno a esta cuestión, Ortega y Azpiroz aclararon que los datos que se han barajado son erróneos. «Es cierto que parte de la basura que llegaba a San Marcos se desviaba a otros vertederos, principalmente a Sasieta», afirmaron matizando que lo que se ha producido ha sido «un movimiento de basura, con gran interés mediático, ya que San Marcos recibe más basura de fuera de la mancomunidad que la que lleva a otras mancomunidades». A modo de ejemplo, citaron los datos de agosto, mes en el que, según sus datos, la mancomunidad derivó 1.084 toneladas a Sasieta y 240 a Urteta, mientras que desde la Mancomunidad de Txingudi recibió 2.500 toneladas. «Si lo que realmente se perseguía era que entrase la menor cantidad posible de basura al vertedero, la política seguida hasta ahora ha sido un engaño», criticaron.

Ilegalidades

También se refirieron a las «irregularidades en las que ha incurrido la Diputación Gipuzkoa» y manifestaron que, durante la anterior legislatura, los máximos representantes forales emprendieron «una huida hacia delante con el único objetivo de imponer la construcción de la planta incineradora».

Sin embargo, tal y como recordaron ambos representantes, los resultados de las últimas elecciones han producido un cambio de mayorías en numerosos ayuntamientos y mancomunidades. Tal es el caso de la Mancomunidad de San Marcos, cuya presidencia encabezaba el PNV y ha pasado a manos de EB y ANV, grupos que han manifestado en numerosas ocasiones su oposición a la incineración y que nada más tomar el cargo expusieron su intención de llevar a cabo una gestión que se basa, sobre todo, en la prevención.

Las últimas elecciones trajeron consigo el cambio de diputado general, que pasó de manos de Joxe Juan González de Txabarri a Markel Olano, ambos jeltzales. «Aunque nada más obtener su investidura prometió que respetaría la voluntad de las mancomunidades, mucho nos tememos que sus actuaciones vayan en el sentido opuesto», alertaron.

Tacharon de «flagrante vulneración de la legalidad» el hecho de aprobar mediante convenio la definición de la gestión de residuos urbanos de Gipuzkoa. «Esto es más grave aún, ya que dicha definición se llevará a cabo sin haberse desarrollado previamente el Plan Territorial Sectorial (PTS) de residuos urbanos». En su opinión, éste estará viciado en su origen, ya que «el pretender hacerlo de forma paralela obliga a que el resultado final se ajuste a unas condiciones establecidas previamente».

Ortega y Azpiroz también mencionaron otro tipo de contradicciones: «Si a juicio de la Diputación, el PIGRUG es la mejor planificación de residuos de la que se puede dotar Gipuzkoa, por lo que se entiende que ya estaba definido el futuro de los mismos, ¿cómo es que recurren a un convenio con el Ayuntamiento de Donostia para definir el futuro de los residuos? Y si tal convenio da solución a las infraestructuras y la ubicación de la incineradora, ¿para qué ahora un PTS de infraestructuras?», se preguntaron, al tiempo que mostraron su perplejidad ante el hecho de que se quiera ahora iniciar por el consorcio el expediente de contratación para la construcción de la incineradora en Zubieta, cuando aún el PTS está redactándose.

En torno a si las mancomunidad seguirá dentro del consorcio o no, afirmaron que todavía no han tomado ninguna decisión. Sin embargo, adelantaron que para seguir en el mismo deben darse «las condiciones para ello».