Ataque a la izquierda abertzale
Garzón encarcela a 17 dirigentes de Batasuna por ejercer su actividad política
Sólo seis de los 23 detenidos el jueves pudieron regresar anoche a Euskal Herria. Garzón dejó en libertad por la mañana a Albisu y Berasategi, y a última hora fijó una semana de plazo para pagar la fianza a Abrisketa, Aguerre, Apaolaza y Urrutia. Para los 17 militantes independentistas restantes, prisión incondicional.
GARA | MADRID
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón dictó ayer prisión incondicional para 17 mahaikides y militantes independentistas vascos por un delito de «pertenencia a organización terrorista». Se trata de Joseba Permach, Rufi Etxeberria, Mikel Zubimendi, Imanol Iparragirre, Juan Joxe Petrikorena, Anjel Mari Elkano, Marisa Alejandro, Aner Petralanda, Ana Lizarralde, Ibon Arbulu, Joana Regeiro, Jon Garai, Juan Kruz Aldasoro, Arantza Santesteban, Hasier Arraiz, Maite Díaz de Heredia y Maite Fernández de Labastida.
Garzón justificó su decisión en que desde la ruptura del alto el fuego por parte de ETA, en junio, éstos no tienen la voluntad de «acabar con la violencia terrorista» sino la de «coadyuvar renovadamente a la consecución de los fines» de la organización armada vasca «por medio del recurso a la violencia». El juez justifica la medida de prisión ante «la necesidad de asegurar todo el material probatorio que pueda resultar dañado si no se adoptan medidas para ello», y alude a la incesante «búsqueda de datos» llevada a cabo por las distintas policías desde marzo de 2006 hasta el 4 octubre de 2007.
En su auto, Garzón considera que con la actitud de los dirigentes abertzales «ha quedado patente» la sintonía de Batasuna con ETA y por ello «no se puede permanecer inerme ante esta acción presuntamente delictiva que le otorgaría de no ser atajada, una especie de patente de corso que lo permitiría y autorizaría a seguir delinquiendo sin que pueda tomarse iniciativa alguna para neutralizar dicha actividad».
Los seis detenidos restantes pudieron emprender viaje de vuelta a Euskal Herria.
Egoitz Apaolaza, Haizpea Abrisketa, Jean Claude Aguerre y Patxi Urrutia tienen una semana de plazo para pagar la fianza impuesta por el juez Baltasar Garzón (10.000 euros a los tres primeros y 24.000 al último) y eludir así la cárcel, tal y como propusieron inicialmente los fiscales Carlos Bautista y Juan Moral.
El magistrado dejó en libertad a los vecinos de Segura Ibon Berasategi y Javier Albisu, que fueron arrestados junto al resto en la operación jurídico-policial contra el independentismo vasco desarrollada el pasado jueves en este municipio guipuzcoano, los únicos que accedieron a prestar declaración. Sólo los tres vecinos de Segura declararon ante el juez para explicar su presencia en el lugar de los hechos; los restantes 20 militantes independentistas detenidos se negaron a declarar.
Los detenidos, entre los que se encuentran 16 miembros de la Mesa Nacional de Batasuna, comparecieron durante tres horas y media ante el juez Baltasar Garzón, que dictó su auto pasadas las 21.00. Media hora después, los letrados de la defensa -Jone Goirizelaia, Kepa Landa, Iker Urbina y Amaia Izko- desconocían la resolución judicial que agencias de noticias y medios de comunicación transmitían, según lo confirmó Goirizelaia.
El hecho es una práctica habitual en las causas contra militantes vascos. La abogada señaló que el juez les había citado inicialmente a las 19.00, luego a las 20.30 y, una hora después, mientras conocían el auto por los medios de comunicación, aguardaban a que se les entregase la resolución de Baltasar Garzón que envía a prisión incondicional a 17 de sus defendidos.
«Reiteración delictiva»
En ocho casos el «delito» del que les acusa Garzón, en coincidencia con lo solicitado por la Fiscalía, es de «reiteración delictiva» y corresponde a dirigentes independentistas que se encuentran inmersos en procedimientos judiciales que se están desarrollando en la Audiencia Nacional española. En esta situación se encuentran Joseba Permarch, Rufi Etxeberria, Juan Kruz Aldasoro, Juan Joxe Petrikorena, Imanol Iparragirre, Ane Lizarralde, Ibon Arbulu y Maite Díaz de Heredia.
El resto -Mikel Zubimendi, Anjel Mari Elkano, Marisa Alejandro, Aner Petralanda, Joana Regeiro, Jon Garai, Arantza Santesteban, Hasier Arraiz y Maite Fernández de Labastida- están acusados de cometer «delito de integración en organización terrorista» por primera vez.
Los ocho dirigentes que ingresarán en prisión por «reiteración delictiva» están acusados de violar la suspensión de actividades que Baltasar Garzón decretó en agosto de 2002, siete meses antes de la ilegalización de Batasuna por parte del Tribunal Supremo español.
Entre ellos se encuentran el coordinador de la formación independentista, Joseba Permach, el oiartzuarra Rufi Etxeberria y Juan Kruz Aldasoro, procesados en el sumario referido a Batasuna, que investiga «la subordinación de esta formación a ETA y su financiación a través de las herriko tabernas». En esta causa también está imputado el responsable de Comunicación, Juan José Petrikorena.
Los otros cuatro son Ibon Arbulu, que se enfrenta a una pena de prisión de diez años por su pertenencia a Udalbiltza; Ane Lizarralde e Imanol Iparragirre, a la espera de sentencia en el juicio del sumario 18/98 ; y Maite Díaz de Heredia, que será juzgada en los próximos meses por su vinculación con Gestoras Pro Amnistía-Askatasuna.
Los nueve detenidos restantes serán encarcelados por «integración en organización terrorista», a causa de su participación en la reunión que mahaikides y militantes abertzales celebraron en el municipio guipuzcoano el jueves pasado, antes de que la Policía española, por orden de Garzón, les arrestara en la propia Segura y Olaberria. Entre ellos se encuentra Arantza Santesteban, que junto a Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Maite Díaz de Heredia, todos ellos en la cárcel, formaban parte de la Comisión Negociadora de la izquierda abertzale.
Completan la relación de miembros de la izquierda abertzale que ingresaron ayer a la noche en prisión a instancias de la Fiscalía Maite Díaz de Heredia, Aner Petralanda, Juana Regeiro, Maite Fernández de Labastida, Jon Garai, Ibon Berasategi, Marisa Alejandro, Mikel Zubimendi y Anjel Mari Elkano.
Dos bancos y la sede de UGT, en Altsasu; cuatro cajeros automáticos y barricadas, en Bilbo; quema de contenedores en Abadiño; ataque con líquido inflamable al garaje del alcalde de Errenteria; y el incendio de un autobús de Bizkaibus, en Gorliz, es el balance de los últimos sabotajes habidos en Euskal Herria.
El centenar de familiares y amigos de los 23 mahaikides y militantes de la izquierda abertzale que se desplazó ayer a primera hora de la mañana a Madrid para apoyarles por su comparecencia ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sufrieron el acoso de ultraderechistas, que llegaron a arrojar botellas contra la expedición vasca sin que la Policía española interviniese para impedirlo.
Poco después de que los familiares y amigos llegasen a las inmediaciones de la sede judicial, sobre las 10.00, cuando habían sido ya trasladados los once primeros detenidos, policías procedieron a la identificación de la mayoría. Las personas llegadas de Euskal Herria mantuvieron una discusión con los agentes, a quienes les reclamaron poderse acercar más a la Audiencia. De nada sirvieron sus peticiones. A continuación, fueron conducidos por los efectivos policiales hasta el paseo del Prado, frente a un grupo de ultraderechistas que aguardaba desde primera hora de la mañana su llegada en la plaza de Colón.
Durante horas, los fascistas, algunos de ellos portando enseñas de la Falange Española y banderas franquistas, no cesaron de insultar a los vascos, que estaban a unos 300 metros de distancia. El episodio más grave se produjo en torno a las 16.30, poco antes de que comenzase el partido del Real Madrid en el cercano estadio Bernabéu.
Entonces, un grupo de jóvenes ultraderechistas se acercó hasta los familiares y amigos de los detenidos, arrojándoles varias botellas, alguna de las cuales impactó en la espalda de uno de los concentrados. La reacción de la Policía española se limitó a retener a alguno de los agresores, que poco después fue puesto en libertad.
Mientras tenían lugar estos hechos, el juez Garzón autorizaba a los familiares a visitar a los detenidos en los calabozos de la Audiencia, a quienes había levantado la incomunicación antes de declarar. Los allegados informaron a GARA que les habían encontrado «animados y tranquilos» y «algo más delgados», extremo este último que lo atribuyeron a que «no han comido nada».
La expedición vasca abandonó las cercanías de la Audiencia Nacional poco antes de las 19.00, al detectar un incremento de ultraderechistas coincidiendo con la conclusión del partido en el Bernabéu.
