Incluso, el portavoz de la Ejecutiva del PSE, Rodolfo Ares, aprovechaba la ocasión para responder a la izquierda independen- tista que «los únicos que están en guerra son los radicales abertzales». Y desde el PP, María San Gil hacía hincapié en que ahora no hay que dar tregua: «El Gobierno tiene que instar a la ilegalización de ANV y de EHAK».

Miren Azkarate señaló que los 23 detenidos en Segura «estaban reunidos hablando y no tenían pistolas ni bombas», por lo que se preguntó si esto es delito o si se trata de «romper todos los puentes de diálogo». En declaraciones a los periodistas en el transcurso de Kilometroak 07, la portavoz del Ejecutivo de Lakua censuró «la utilización política de la Justicia» que pone de manifiesto «decisiones judiciales» con «clara oportunidad», como la que ha dado origen, en su opinión, a esta operación.

Se trata, según apuntó, de mantener vigente la Ley de Partidos pero «dependiendo de la coyuntura política, apretar un poco más o ser más condescendientes». En ese sentido, se preguntó «qué Estado de Derecho han aplicado cuando a los mismos que han detenido, y les hacen pasar delante de la Audiencia Nacional, les han considera- do interlocutores durante meses y meses. ¿Qué delito es simplemente el intentar reunirse, encontrar una solución de futuro, mejor o peor, de forma equivocada o acertada? ¿Vamos a cortar todos los puentes de diálogo cuando todos sabemos que la solución, en el momento en que llegue, va a necesitar, porque no hay otra salida, tenerlos de interlocutores y llegar a un acuerdo también con ellos?».

Para Azkarate, estas detenciones tienen la «clara intención de evitar un debate sereno» sobre la hoja de ruta formulada por el lehendakari Juan José Ibarretxe y «crear mayor tensión en la sociedad». Agregó que se está imponiendo «otra vez» la estrategia de «el no por el no. El no a las propuestas, sin escucharlas siquiera, sin ver los documentos, sin debatirlos, sin poner enfrente otros argumentos».

Después de que la víspera Pernado Barrena calificara las detenciones como «una declaración de guerra», Rodolfo Ares replicó que «los únicos que están en guerra son los radicales abertzales, que están en guerra con el resto de la sociedad vasca, porque pretenden un desafío a la legalidad, organizarse para hacer política en un partido ilegal y, por tanto, tienen que responder de esas pretensiones ante la Justicia».

Tras decir que «la defensa de un programa independentista no lleva a nadie a la cárcel», el dirigente del PSE se hico eco de las filtraciones a la prensa de ayer para manifestar que «los medios de comunicación recogen con toda claridad que pretendían trasladar una campaña de violencia a las calles. Se demuestra con claridad que no hay una apuesta por hacer política respetando las reglas de juego en el mundo de los radicales abertzales». También resaltó que «muchas cosas han cambiado» en los últimos meses, «y lo fundamental es que una banda terrorista que había declarado un alto el fuego permanente ha vuelto a la actividad terrorista y los radicales abertzales pretenden seguir actuando en política dando respaldo y amparo a esa violencia, lo que el Estado de Derecho no puede permitir».

Poco antes de celebrar una comida con militantes de su partido en Bilbo, San Gil declaró que en el PP están todos «enormemente satisfechos de ver cómo están actuando las Fuerzas de Seguridad y la Justicia», aunque matizó que «se han perdido tres años en los que, si la Justicia hubiera actuado de forma diligente, probablemente el Estado de Derecho estaría mucho más fuerte y ETA-Batasuna no estaría tan fortalecida».

Recalcó que «quien está ahora camino de la cárcel o el propio Arnaldo Otegi, que ya está allí, es el mismo que se reunió con Patxi López en junio del año pasado, cuando nosotros dijimos que aquello era un delito y por ello recibimos un montón de descalificaciones. Pero una vez más impera el sentido común».

San Gil opinó que la actuación contra Batasuna «tiene que ser un punto y seguido» y que el Gobierno del PSOE tiene que instar ahora a la ilegalización de ANV y de EHAK, «que ya dijimos desde el principio que no eran más que disfraces de Batasuna, que no tenían que estar en las instituciones democráticas». Y es que, a su juicio, el Ejecutivo «debe rectificar de una forma contundente. No basta con unas detenciones, de las que nos alegramos; tiene que haber una acción mucho más seria y eficaz».

Lo sucedido es un «intento claro por parte del juez Baltasar Garzón y el Gobierno del Estado español de agitar el avispero y de incidir en la medida de lo posible en la política vasca». Es la conclusión trasladada por Unai Ziarreta en una entrevista concedida a la Cadena Ser, donde calificó al magistrado de la Audiencia Nacional de «incendiario de la política, que maneja la gasolina en función de las órdenes que le llegan o de los imputs que le puedan llegar» desde el Ejecutivo español.

El secretario general de EA, quien consideró que las resoluciones judiciales son manejadas «con una clara intencionalidad política», sentenció que «esto es una república bananera. Si cualquiera en la UE pone la lupa sobre lo que está sucediendo en este pueblo en muchísimas cuestiones, es como para mandar observadores internacionales. Se detiene a gente por reunirse, por ejercer un derecho fundamental recogido en la Constitución española y por ejercer una actividad política».

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlament, Joan Ridao, resaltó que todo apunta a que la detención de 23 dirigentes y militantes de la izquierda abertzale tiene finalidades políticas y electoralistas para intentar desactivar la crítica del PP hacia la gestión del PSOE del «conflicto vasco».

Sin embargo, el político catalán, que será candidato de ERC en las próximas elecciones al Congreso español, espera que esto no sea así porque si el partido que lidera José Luis Rodríguez Zapatero ha de basar su política en el miedo al qué dirán, y a lo qué dirá la formación de Mariano Rajoy, «serán los conservadores españoles los que marquen la agenda».

En un comunicado de prensa, se preguntado adónde quiere ir a parar el Gobierno español «si encierra en la prisión a los interlocutores políticos de la izquierda independentista vasca. ¿Qué salida deja a la izquierda abertzale si sus dirigentes están en la prisión?». Y, como el sacerdote irlandés Alec Reid, consideró que «en cualquier país civilizado de la Europa occidental no se cierran diarios ni se ilegalizan partidos políticos, esto sólo pasa en Turquía».

Con motivo de la celebración de la Semana Nacional Vasca en la ciudad argentenida de Rosario, integrantes de la diáspora llegadas a esa localidad desde el citado país, Uruguay y Chile han suscrito una declaración en la que expresan su «más ferviente repudio» a los arrestos ordenados por Garzón. «Exigimos la inmediata puesta en libertad de todos los detenidos y encarcelados», se añade en el texto.

Estos representantes de la diáspora vasca, que muestran su solidaridad con «las personas afectadas por la operación policial», manifiestan que las medidas enmarcadas en la estrategia represiva de los estados español y francés «no ayudan a las resolución del conflicto político que afecta a Euskal Herria, sino todo lo contrario». Es por ello que consideran que el diálogo resulta «más necesario que nunca» como «herramienta fundamental» para superar el contencioso.