Esa interpretación de los empresarios de que los trabajadores se accidentan en su beneficio no tiene el más mínimo rigor y desde luego no se le ocurriría a alguien que tenga dos dedos de frente, como se dice coloquialmente. Lo que ocurre es que la gravedad de los índices de siniestralidad laboral están indicando que la legislación en materia preventiva no se cumple y que un país desarrollado a nivel europeo está suspendiendo en esta materia. En el Estado español se producen una de cada cinco muertes laborales. En Euskal Herria son ya, al menos 93 los trabajadores que han perdido la vida a causa del trabajo.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) reconoce, sin ningún género de dudas, que son los empresarios los que están obligados a disponer de su centro de trabajo en condiciones de seguridad y salud y, además, deben dotar a sus empleados de los medios técnicos de protección para evitar que tengan accidentes. No es de recibo pensar que los trabajadores van a sus puestos de trabajo a suicidarse, como se nos quiere hacer pensar. Esta contraofensiva de la patronal llama la atención y muestra un nivel de arrogancia elevado.

Las razones de este envalentonamiento pueden ser muchas, pero hay dos claras. La primera es que la Inspección de Trabajo, que depende de la propia Administración pública, no controla a unos niveles adecuados, aunque siguiendo las estadísticas se comprueba que hay infracciones cada día por vulnerar la seguridad y la salud en el trabajo. Y, la segunda, constata que a los empresarios no les preocupa la seguridad laboral, sino que sólo ven en ella una inversión económica y, por lo tanto, los trabajadores no son seres humanos sino máquinas de producir, si se estropean o se rompen, se cambian. No hace mucho, una técnica en prevención aseguró a este diario que cumplir la legislación en materia preventiva suponía una ampliación del 30% en un proceso de producción en cadena. En bastantes accidentes de trabajo se ha comprobado que los sensores de seguridad están inutilizados precisamente para evitar parar la producción.

La prevención es esencial. Los empresarios tienen que darse cuenta de eso y los trabajadores tienen que reclamar esas condiciones seguras. No sólo porque evita daños a la salud, o consecuencias irreparables, sino porque es un síntoma de competitividad y de innovación. Una empresa segura genera bienestar en el propio empleado que, según los diferentes estudios, rinde más.

Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta por qué causa las organizaciones empresariales tratan de equivocar a la opinión pública indicando que son los trabajadores los culpables de que haya accidentes, incluso cuando la maquinaria o las condiciones adversas de trabajo son consecuencia de una falta de inversión económica o tan sólo de una deficiente puesta a punto.

Aunque la actividad de la Inspección de Trabajo es baja, sobre todo porque el número de inspectores es reducido, entre enero y junio, en Nafarroa se detectaron 198 infracciones, que pusieron en riesgo a 4.513 trabajadores. Se paralizaron 19 centros de trabajo y se impusieron 730.260 euros de multa. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, las infracciones llegaron a las 741, que afectaron a 1.730 trabajadores. Se paralizaron 36 centros de trabajo y las sanciones llegaron a los 3,2 millones.

Es decir, los empresarios incumplen la ley y son penalizados porque ponen en riesgo a sus trabajadores, aunque el presidente de la CEOE no se lo crea. Estas infracciones a penas son un 6% de los accidentes laborales. Por otro lado, la Audiencia de Barcelona ha confirmado la sentencia que condena a tres años de cárcel a un empresa por la muerte de dos trabajadores que en julio de 2003 cayeron de un andamio, que carecía de las más elementales medidas de seguridad. El empresario se llama Manuel Manías.